Global Politics and Law

Un blog de derecho y de política

La Constitución, se suele decir, es la Constitución del consenso. Un consenso no sólo a la hora de su aprobación sino que se manifiesta también en el complejo procedimiento para proceder a su  reforma, en donde hace falta una mayoría reforzada para buena parte de las materias, algunas de ellas que han resistido mal el paso del tiempo. Pero también el consenso es lo que determina el procedimiento para los nombramientos de integrantes de los órganos constitucionales..

En efecto, es común en el texto constitucional exigir mayoría absoluta reforzada para el nombramiento de miembros de los órganos constitucionales. Así ocurre con los miembros del Consejo General del Poder Judicial (3/5, artículo 122), o con los Magistrados del tribunal Constitucional elegidos por el Congreso o el Senado (3/5, artículo 159). Incluso, cuando no está recogido en la Constitución, se ha optado por mayorías equivalentes para el Defensor del Pueblo (artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo) o en el artículo 30 de  la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Fuera de los órganos constitucionales, una previsión similar está recogida en el artículo 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.  

La loable voluntad de consenso, cuya finalidad es que no fueran órganos copados por el partido mayoritario, pasó a ser un problema.

En efecto, los constituyentes, de forma muy inocente, pensaban que la consecución de estos consensos siempre sería posible y no articularon mecanismos de solución ante los bloqueos, que precisamente sirven para materializarel consenso. Tanto que configuraron consensos en cascada, como en el caso del Tribunal Constitucional, donde el artículo 159.3 ha señalado que la renovación del Gobierno está aparentemente unida a la del Consejo General del Poder Judicial, con lo que la falta de renovación de este último supone que el primero no puede hacerlo. 

Acaso, para resolver este último caso, convenga recordar la controversia de la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Marbury v. Madison sobre la diferencia entre la designación y la toma de posesión.

Todo lo anterior compone un laberinto constitucional del que aparentemente no se puede salir.

Pues bien, se ha visto durante los últimos años (desde la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional en 2001) que el consenso surge cuando uno de los dos partidos mayoritarios quiere. El otro siempre ha estado dispuesto.

Las razones exteriorizadas me resultan trucos de trilero y por ello no hay ni que mencionarlas.  Las razones ocultas están ahí y como son meras suposiciones (aunque con tintes de certeza) tampoco merece la pena recordarlas.

Pero sí hay que llamar la atención sobre el dato de que la falta de voluntad en sentarse a negociar quiénes reúnen los requisitos para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial deja a la Constitución sin protección. Es por tanto, un problema previo y, por ello, bastante más complicado de resolver dado que falta la voluntad.

La única solución prevista en la Constitución para estos casos de bloqueo es la recogida en el artículo 56: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Desde la perspectiva del consenso se suponía que una indicación del Rey bastaría para conseguir la renovación. ¿Servirá ahora?

Una situación de bloqueo en la renovación que dura más de tres años exigiría la puesta en marcha de esta función arbitral y moderadora para conseguir que más temprano que tarde se pueda proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La otra solución, que sería la dimisión en bloque de todos los miembros del Consejo que llevan tres años en funciones, no parece que vaya a tener lugar. 

El constitucionalismo y el patriotismo constitucional tienen un primer punto en el manual: el respeto al funcionamiento de los organismos básicos del Estado. Cuando esto no ocurre, cuando por intereses se hurta la capacidad de decisión y se procrastina en la toma de decisión se está yendo en contra de lo que indica la Constitución. Más allá de la sanción jurídica concreta, que ya se ha visto que por la ingenuidad constitucional, no existe, tiene un nombre. 

Usted, lector, lectora sabe perfectamente cuál es.

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