Los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid se hacen eco (otra vez) de la situación de un conjunto de viviendas del Municipio de San Fernando de Henares que amenazan ruina como consecuencia de la construcción de la línea de Metro que llegaba hasta el Municipio. Hablamos de las elecciones de 2007 y el problema sigue sin resolverse.

Recordemos un poco los hechos. Durante la legislatura de la vergüenza (la que comenzó con el tamayazo) Esperanza Aguirre desarrolló un plan de desarrollo del metro, sin duda necesario. Un plan que permitiría que San Fernando estuviera conectado con Madrid. Los problemas vinieron por dos vías, que atentan contra la regla de la planificación previa de la obra pública.

Por un lado, la propia existencia de la infraestructura y las necesidades que se iban a cubrir y cómo solucionaban los problemas de movilidad. Hubo que hacer un reajuste de la obra para que pudiera llegar al Hospital de la zona  (que por azares del destino no estaba cubierto inicialmente). Una regla básica de planificación hubiera llevado a su inclusión. 

La decisión de la entonces consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, María Dolores Cospedal, provocó un cambio de diseño que se hizo a toda velocidad para llegar en el proceso electoral de 2007, que provocó que no se analizara bien el suelo y las filtraciones del río Jarama, que tiene, además, muchas aguas subterráneas. Nada que no estuviera allí. Pero la realidad es que el estudio del impacto de la obra en las viviendas es posterior a la inauguración de la obra, en 2008, cuando ya habían empezado las grietas en los edificios. 

Segundo atentado a la planificación y al propio contrato de obra: no analizar el terreno en el que se va a construir la obra. Y no está demás señalar ¿qué técnico aprobó el proyecto técnico? ¿se ha examinado por la Comunidad las certificaciones de obras? ¿Hay alguna responsabilidad del contratista por las consecuencias de la actuación?

El resultado del dislate administrativo es doble:

  • Las obras se acabaron pero, como consecuencia de que hay riesgo de derrumbe en las estaciones y los viales, no están totalmente operativas. De hecho, han tenido cortes en los años 2008, 2011, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021. Y encima el problema está sin solucionar.
  • Los vecinos tienen su casa en riesgo de ruina, con miedos a que cualquier proceso de lluvia las termine de derribar con el consiguiente riesgo de vidas humanas. Un riesgo creciente en la medida en que existe un número cada vez mayor de viviendas afectadas, llegando a dos centenares.

Temporalmente, además, hay un problema de ratas en el Municipio. Un problema menor teniendo en cuenta lo anterior y que está siendo afrontado por el Ayuntamiento.

Para los vecinos la Administración de cercanía es el Municipio. Ni es el competente ni es el responsable. Y no tiene, además, recursos suficientes para realojarlos en el caso de ruina. Ni siquiera es el competente para la tramitación de los expedientes de ruina.

La responsable del dislate es la Comunidad de Madrid, Y la que no atiende a su responsabilidad, jurídica, política y ética. Son los competentes, los constructores de la obra tan mal planificada y que está provocando las grietas en las viviendas. La angustia vecinal y el riesgo en vidas humanas es suficientemente importante para que se asuma la necesidad de un proyecto integral que dé respuesta a las demandas vecinales. No basta con un mero parcheo en las viviendas sino que hay que atender a la causa del problema. Como siempre con los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, las prioridades son otras diferentes. 

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