La “invasión” de Ceuta y la devolución de los menores 

   Buena se ha liado con la  devolución de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta con ocasión de la avalancha de más de 8000 personas que descargó sobre la ciudad los días 17 y 18 del mes de mayo, una cifra superior a los 2200 que entraron en Canarias por el puerto  de Arguineguín  el pasado noviembre. En el caso de Ceuta, todavía abierto, la lógica reacción del Gobierno ( aunque se haya echado en falta un posicionamiento más explícito de su Presidente) fue que se imponía la repatriación de todos los “invasores”, adultos o menores.  Pero esa fue la reacción de una parte del Gobierno, pues la controlada por Podemos adoptó una posición diferente, para así brindar un penoso espectáculo de caos gubernamental.

    El Ministro del Interior ha sido la bestia negra elegida por Podemos y una serie de organizaciones, aquejadas de un rampante buenismo extrajurídico, según las cuales, con los matices que se quiera, esas devoluciones son poco menos que imposibles, porque – así se afirma sin prueba que valga – los menores huyen de situaciones de miedo, explotación laboral o sexual o de guerra, lo que obliga a descartar las devoluciones, y a considerar prevaricador a quien adopte la decisión injusta de devolverlos a sus países. Nada se dice de los muchos que vuelto voluntariamente o que declaran que no huyen de nada, salvo de la pobreza, y que su sueño es llegar a Francia,

   Pero el ruido mediático es ensordecedor, pues se da por sentado que los menores están siendo devueltos sin que se atienda mínimamente a las razones de su presencia en España y sin respetar procedimiento alguno, que en el caso de los menores incluye la “personalización” del expediente de devolución y los motivos en que ésta se funda, a pesar de que fuentes del Ministerio y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sostengan lo contrario.

  El marco en que se han producido los hechos no parece tener importancia alguna, cuando la tiene y es capital, que se puede resumir en una idea simple: no estamos ante un problema de control de la inmigración y de régimen de las expulsiones o devoluciones, sino ante un conflicto en el que el Gobierno marroquí utiliza a masas de desesperados  como arma de coacción o de represalia contra España.  No hace falta recordar las circunstancias que rodearon al suceso, pues son sobradamente conocidas, al menos, en sus grandes trazos: Marruecos estaba enfurecido porque España había dado acogida al líder del Polisario, Brahim Gali, que había solicitado ayuda médica, que recibió en un hospital de Logroño. La respuesta, “merecida” según la ministra marroquí de Asuntos Exteriores, fue abrir sus puertas para que todo el que lo deseara, adulto o menor, intentara lo que en circunstancias normales resulta muy difícil: entrar en España y en la UE.

   La agresividad de Marruecos ha crecido especialmente desde que el inolvidable Trump se pronunció a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara, apoyo que Trump consideraba justa compensación a que Marruecos, concretamente el sultán Mohamed III, hubiera sido el primer Estado no europeo en reconocer en 1777 la independencia de Estados Unidos. España lo había hecho antes, por decisión de Carlos III y su ministro Floridablanca, y, además, enviando dinero,  armas y suministros  al ejército de George Washington. Pero esa es otra historia, que seguramente Trump ignora.

 El caso es que el Reino marroquí consideró una legítima estrategia y respuesta volcar sobre Ceuta a miles de los muchos desesperados que carecen de un futuro razonable en su país. La utilización de esas personas como armas de presión no produjo reparo alguno en los dirigentes marroquíes, que solo comenzaron a ver la enormidad de los que habían hecho cuando llovieron censuras de todo el mundo occidental, en especial, de la Unión Europea, cuya ayuda Marruecos necesita.

  Para añadir más complejidad al asunto, Marruecos sostiene a veces que no puede admitir que la entrada en Ceuta ( o Melilla) esté condicionada por una frontera porque esas ciudades le pertenecen históricamente, lo que es absolutamente falso, pues la ciudad de Ceuta, tras casi dos siglos en poder de Portugal se integró en la Corona de Castilla en el siglo XVI ( como Melilla) sin haber pertenecido nunca ni al Sultanato de Marruecos ni a su predecesor, el Sultanato Saadí. Cuestión diferente es la utilización ad intra de esas ideas para excitar el nacionalismo y desviar la atención a otros problemas. (Un artículo en este blog sobre esta cuestión, se puede ver aquí)

  El “paquete-bomba” humano incluía cerca de 1500 menores, según se calcula, a sumarse a los que ya deambulan por las calles de Ceuta. La maniobra marroquí fue objeto de condena internacional, al punto de que a los pocos días el Reino alauita comenzó a emitir leves signos de arrepentimiento por el incalificable episodio. En paralelo, las autoridades españolas comenzaron a devolver a cuantos adultos pudo, para lo cual cuenta con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que contempla los casos de  Ceuta y Melilla en una disposición adicional que regula las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes, avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia TEDH de 13 de febrero de 2020,  Procedimientos 8675/15 y 8697/15 –un comentario en este blog, se puede ver aquí) y, así como por el Tribunal Constitucional , y también con el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992.

  El régimen de las tales “devoluciones en caliente” solo se puede aplicar a los adultos, y solo en Ceuta y Melilla, fronteras terrestres, pues las demás fronteras son marítimas o aeroportuarias, pero eso no lo libra de censuras. Sabemos que los Estados receptores de inmigración pueden establecer límites a la entrada de extranjeros, y pueden expulsar. Esa es una realidad contra la que se estrella el para muchos derecho natural a la libre circulación, que en nuestro tiempo ha ido diluyéndose hasta quedar reducido a la categoría de “ideal” no realizado. Pero eso no obsta para que, por respeto a la dignidad del ser humano, se deba cumplir un expediente singular que indague las circunstancias que se dan en la persona que aspira a cruzar una frontera y que, potencialmente, puede ser solicitante de asilo. Y eso es, precisamente, lo que resulta imposible con esa clase de devoluciones.

  Pero, siendo eso grave,  el problema mayor, como sabemos, ha estallado con los menores, respecto de los cuales se dice que no pueden ser devueltos ni en caliente ni en ningún otro modo en tanto no se localice a sus padres o tutores legales a la vez que se realiza una indagación sobre las circunstancias que han determinado al menor a huir de su país, comenzando, en primer lugar, por establecer la edad del menor, lo que no siempre es fácil sin documentos que la indiquen. Mientras se decide qué hacer con el menor, la Administración tiene que hacerse cargo de ellos (lo que incluye su mantenimiento, alojamiento y, por cierto,  escolarización a partir de septiembre). Es evidente que todo eso no pue recaer sobre los solos recursos materiales de la ciudad de Ceuta, pues es una obligación del Estado.

   En ese contexto se han dado pronunciamientos de la Fiscalía, de algunos Jueces y hasta de la Audiencia Nacional, exigiendo a Interior “informes y datos” sobre las devoluciones, aunque no se haya llegado a una explícita prohibición. Solo se daba respuesta a las denuncias, de desconocido fundamento, que indicaban que se habían producido devoluciones de menores sin cumplir formalidad alguna. No consta suficientemente, aunque sí se sabe que algunos menores solicitaron regresar a sus domicilios y otros fueron reclamados por sus padres.

    Como es lógico, ha habido informadores que han conseguido conversar con esos chicos, que de modo casi unánime dicen que en su país no hay futuro y que quieren seguir los pasos de tantos otros compatriotas que encontraron alguna oportunidad en España o en cualquier otro Estado de la Unión Europea ( aspecto del tema a no desdeñar, pues afecta a la posición de la Unión Europea en materia de inmigración). Pero la huida por razones como la guerra o la explotación, a las que antes me he referido, no son las que normalmente se aducen. El deseo de emigrar late siempre en una buena parte de la juventud marroquí, y la marcha masiva cuando las autoridades decidieron dejar la puerta abierta era perfectamente previsible, pues precisamente por eso la dejaron abierta.

   El manipulado relato sobre la odisea de los menores, que tanto gusta a Podemos y demás críticos, no se sostiene. Pero con ello, por supuesto, no quiero insinuar que se pueda despreciar el complejo panorama jurídico que incide en el problema, y que, entre otras cosas, es el único que podría dar pábulo a la imputación de delitos al tan zarandeado Ministro del Interior.

  Aunque sea una obviedad hay que recordar que los menores son niños que están solos y que todos hemos de cuidar como podamos. Eso explica el complejo panorama jurídico que resulta aplicable, en el que aparece, en primer lugar, el Convenio entre España y Marruecos sobre Asistencia judicial, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones judiciales en materia de Derecho de Custodia y Derecho de Visita y Devolución de Menores, firmado el 30 de mayo de 1997 que expresamente declara que su finalidad es asegurar la mejor protección de los menores a fin de que no sean desplazados ni retenidos ilegalmente y mantener relaciones armoniosas y regulares con sus padres.

  También hay que tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989, instrumento internacional básico, que,  por cierto, sitúa en primer lugar el interés por preservar el entorno familiar, por lo que el primer paso ha de ser facilitar la reagrupación, dejándose para situaciones de especial gravedad la residencia en el país de acogida.

Por su parte, la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular no establece una regulación clara sobre cómo debe procederse en relación con los menores, aunque sí hace (art.10) advertencias importantes:  a) antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la asistencia de los servi­cios pertinentes distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del retorno, teniendo debidamente en cuenta el interés superior del niño  y, b) antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de ese Estado miem­bro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno. Es innegable, no obstante, que,  en el fondo, deja a merced de los Estados la decisión sobre retorno y expulsión.

 

  ¿Qué conclusiones se pueden extraer a la vista de estos datos?

La primera, sea o no la más importante, es que, en contra de lo proclamado por sus “compañeros de Gobierno”, el Ministro del Interior no ha cometido las prevaricaciones que tan ardorosamente le imputan.

  En lo que concierne al retorno de los menores creo que lo justo es admitir que esos niños, sin perjuicio de que nos deje sin aliento la fotografía de un chaval desvanecido en brazos de un soldado español,  cómo mejor están es con sus padres. Excepciones, las que se quieran, comenzando por la falta de padres, pero es evidente que en las relaciones internacionales no tiene cabida, sin provocar un grave conflicto diplomático, la calidad “estructural” de los servicios sociales o educativos del Estado de proveniencia del menor, que es los que algunos, transitando del buenismo a la inconsciencia, creen que se podría y debería hacer con todos los que cruzaron la frontera a la brava.

  Por último, y muy importante: no olvidemos el contexto en el que se ha producido este conflicto, que no tiene nada que ver ni con la inmigración ni con el control de las fronteras – problemas de enorme importancia que continuarán estando presentes –, sino con malas artes marroquíes, y no hay razón alguna para dar por sentado que nada parecido habrá de suceder en el futuro, con todo respeto por las palabras del Rey de Marruecos sobre su propósito de  inaugurar una nueva etapa en las relaciones entre los dos países sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos.

 Ojalá sea así.