Empresa pública de electricidad, el mercado eléctrico y el precio de la luz

 

El mercado de la electricidad ha explotado en 2021. Repetidas subidas de precio en la electricidad han sido el detonante para la opinión pública de las carencias que hay en la regulación y las consecuencias que tiene no disponer de un operador público. Podríamos extraer algunos puntos relevantes:

  1. El modelo de liberalización de la electricidad que se produjo con la Ley de 1997 venía acompañado de tres factores que constituyen una distorsión en el ámbito europeo: el abono de los denominados Costes de Transición a la Competencia a las eléctricas (1300 millones de euros); la desaparición de cualquier signo de presencia pública en un sector estratégico, tras la venta de ENDESA, y la articulación de un sistema que ha favorecido la desregulación del sector. Y a ello se añadió la creación, en 2012, del Impuesto al Sol que perjudicaba la incorporación de las plantas de energía solar y que tantos disgustos nos ha ocasionado con los arbitrajes de inversiones que hemos ido perdiendo. Cito las fechas porque parte del problema se produjo mientras gobernaba el Partido Popular, que hoy propone que sean los Presupuestos Generales del Estado los que compensen a las compañías eléctricas.
  2. La liberalización de la electricidad es una imposición de la Unión Europea, en un mercado en el cual las exigencias en cuanto a inversión que derivan de un modelo centralizado de producción hacen inviable que la liberalización sea real y que, en realidad, nos encontremos ante situaciones de oligopolio. Por ello, más que liberalización del sector, nos encontramos ante una privatización, en la que, salvo en los países en donde hay un sector eléctrico fuerte, son agentes privados, con intereses privados (lógicos) y sin percepción del interés general los que determinan muchos de sus aspectos básicos.
  3. Pese a lo anterior, el modelo español del sector eléctrico, recogido hoy en la Ley 24/2013, del sector eléctrico, no es una consecuencia necesaria de la regulación europea. De hecho, una de las dificultades mayores que hubo para regular el sector fue la diferencia de modelos, en donde, Francia configuró elementos que permitían mantener un modelo de servicio público, que, en España, está absolutamente diluido. Por ello, con el modelo europeo, cabe otro modelo de regulación eléctrica en España. Y, de hecho, convendría recordar que el artículo 128.1 de la Constitución dispone que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, o, dicho de otro modo, cabrían medidas de intervención más estrictas.
  4. No creo que resulte lo más satisfactorio que el modelo tarifario de la electricidad provenga de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es obvio que en la regulación hay aspectos de competencia, pero la ordenación de precios incorpora otra serie de medidas de protección del interés general que traspasan el ámbito de lo conocido por la CNMC, la competencia. Con ello estamos perdiendo, por ejemplo, la posibilidad de establecer mecanismos de fomento para la producida a través de formas no contaminantes. De hecho, parte de la crisis eléctrica es tarifaria y viene por la aprobación del recibo por la CNMC.
  5. Lo que es una absoluta anormalidad es que no exista una empresa pública eléctrica en España. La tienen Francia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Israel, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón. Sí Venezuela también, pero con la lista de países que he citado me resulta anecdótico. De hecho, ENDESA es, en la actualidad, propiedad de la empresa pública italiana de electricidad, ENEL. Por ello, constituir una empresa de producción de electricidad y otra de distribución (la ley del sector eléctrico impone que sea una por cada segmento de la cadena eléctrica) resultaría una homologación a los países de nuestro entorno y permitiría recuperar el papel del Estado, a través de sus empresas públicas, en la economía, en la actualidad limitado al 4%.
  6. Conviene detenerse un momento en Electricité de France. La liberalización de 2004 obligó a transformarla en una sociedad mercantil en la que el Estado tiene más del 80% de su capital. Es la segunda gran eléctrica mundial y tiene una gran presencia internacional. Es una empresa que crea riqueza para el país.
  7. No debería existir ningún tipo de relación temporal entre el fin de las concesiones de agua para la producción de electricidad y la creación de la empresa pública de producción de electricidad. La incorporación de sus activos una vez producida su finalización debería ser un proceso natural, propio de las reglas básicas del Derecho administrativo y que se tendría que materializar a medida que vayan concluyendo, y que vencen prácticamente en su integridad en el año 2030. Planificar se llama.
  8. Mientras, hay que construir una política pública relevante que es la articulación de un sector eléctrico diferente, basado en la energía solar (resulta paradójico que Alemania tenga más energía solar que España) y en las demás fuentes renovables de electricidad y que progrese desde las grandes plantas generadoras a las micro plantas que permiten tener una inversión más favorable. Y, al mismo tiempo, no podemos olvidar que las compañías eléctricas están recibiendo unos ingresos muy relevantes no tanto por su tecnología sino por la estructura del mercado. Conviene recordar, en este punto, que la sustitución progresiva y acelerada del gas natural como elemento para la generación de la electricidad es una necesidad ambiental y económica.
  9. Y, desde luego, la creación de empresa pública en el sector eléctrico es una medida amparada en el texto constitucional, cuyo artículo 128.2 “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”.

 

En definitiva, lo que se quiere constatar es que España tiene un problema de modelo, dentro del cual la creación de la empresa pública de electricidad es sólo una parte. Pero en todo caso, lo que parece indudable es que su creación es una necesidad que debiera llegar más temprano que tarde.