Patriotismo constitucional y respeto institucional

Sobre las circunstancias de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma

Hará veinte años más o menos que un Magistrado del Tribunal Constitucional me explicaba su frustración diaria por las filtraciones que empezaban a existir de las deliberaciones de las reuniones del Pleno y las Salas del Tribunal y cómo se hacía un uso torticero alterando el sentido de las palabras, o con actitudes que no se correspondían con la realidad. Era una deslealtad interesada.

En aquella época, iniciática, la prensa empezaba a ver que había Magistrados susceptibles al ego de ver cómo se alteraba el respeto a la institución jurídica más relevante del país como consecuencia de su actuación.  El Magistrado que actúa de esta forma, me atrevería a decir, padece el complejo del exhibicionista, cuyo gran placer se reduce al acto de exhibición sin atender ni a la molestia que causan ni a los problemas que provocan. Un acto profundamente egoista. Pero aquello era un problema de mucha menos importancia que ahora, a pesar del escándalo que suponía para algunos, como para el Magistrado al que me refiero, ya que entonces empezaba a generar problemas internos derivados de la falta de confianza que se generaba.

La frustración y el enfado de aquel Magistrado era un problema de respeto a uno mismo, a lo que consideraba que debía ser el desempeño en la alta función constitucional, pero, sobre todo, de falta de respeto a la Constitución y a la institución en la que se prestan los servicios; el intérprete máximo de la Constitución. En aquel momento, era un grave problema porque, durante la etapa anterior, nunca había ocurrido. 

Hoy la gravedad del problema es mucho mayor por la intensidad de las filtraciones y ha aflorado con toda su importancia en una sentencia políticamente crítica, la de la resolución del recurso planteado contra el estado de alarma.

Hoy nos enteramos de las deliberaciones del pleno sobre el estado de alarma, los cambios de opinión del proyecto de sentencia vinculados a un cambio en el ponente y las discusiones entre los grupos de magistrados. Tenemos un anticipo de la sentencia, a la que han tenido acceso dos medios de comunicación (aquí y aquí). Un tercer medio de comunicación publica, además, extractos del voto particular que hace uno de los magistrados de la minoría disidente. Incluso, nos encontramos con una petición de perdón de un magistrado a los demás por las consideraciones vertidas en su voto particular que se filtró. Esto es incumplir las obligaciones de la Magistratura, que marca el secreto de las deliberaciones, que incluso podría ser catalogado como delito de revelación de secretos.

O incluso en otro medio nos hemos enterado del curriculum del letrado que ha ayudado al Magistrado ponente a hacer la resolución. 

La propia forma de dar publicidad institucional al fallo genera frustración. No es conveniente publicar una mini noticia en la web del fallo de esta sentencia por cuanto, por su mero contenido, habrá mucho que matizar en cuanto se vea el contenido de la resolución. Da pie, en mi opinión, a que desleales con la institución actúen como lo están haciendo.

En aquella época lejana, había una gran frustración porque no se renovaba la composición del Tribunal. Se remitieron cartas institucional y se realizaron gestiones para acelerar la renovación. Se consideraba que, transcurrido el plazo de nueve años, se encontraban en una situación similar a la de estar en funciones que cuestionaba la legitimidad de su actuación.

En la actualidad el Tribunal Constitucional tiene 11 miembros en lugar de 12. No hay posibilidad de cubrir la vacante ni de renovarlo por el bloqueo institucional que está prestando el partido ese que usted, lector, está pensando.

Pero hay tres Magistrados más (el Presidente González Rivas, la Vicepresidenta Roca y el Magistrado Andrés Ollero) cuyo mandato está caducado. Hace falta conseguir 210 votos en el Congreso de los Diputados, imposible con el obstruccionismo a que antes hice referencia. Una situación similar a la del Consejo General del Poder Judicial o del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas. De hecho, como sigan así las cosas, en 2022 se va a juntar la renovación postpuesta con la futura.

A diferencia de entonces, no se oye la molestia de los Magistrados en la actualidad.

Desde luego, el constitucionalismo tiene como vertiente básica el respeto a las instituciones. El Tribunal Constitucional está en un momento especialmente crítico por la falta de respeto desde fuera como desde dentro. La articulación jurídica tiene una vertiente política que es clara (algo que en otros países, como EEUU, se tiene muy asumida, pero que en nuestro país no está tan interiorizada, a pesar de que, en la práctica sea así). La dignidad del magistrado es la que diferenciará al brazo de madera del que cumple escrupulosamente con su papel, desde sus posiciones conservadoras o progresistas. 

El juego político hace que el resultado electoral repercuta en la sensibilidad de quienes ocupan la magistratura. Pero ese juego político se tenga que conservar, porque es lo que ordena la Constitución, y la renovación sea inevitable.

Defender la Constitución no es ir con una bandera, ni llenar la boca de la palabra constitución ni hablar de partidos constitucionalistas. Eso es pura palabrería. Defender la Constitución es respetar su contenido, incluso el que no gusta o el que puede provocar que institucionalmente se esté en una situación de debilidad. Es el marco constitucional que lo genera y, por ello, hay que defenderlo. 

Todo ello ha surgido con la sentencia del estado de alarma. No toca hoy hablar de ella, sino de esta falta de respeto institucional que deriva en falta de patriotismo constitucional

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