Estamos de enhorabuena en el sistema universitario español: el Gobierno ha dado el primer paso para la sustitución del viejo, caduco y nada democrático el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional de 1954 para sustituirlo por la que será Ley de Convivencia Universitaria, cuyo Anteproyecto de Ley conoció ayer el Consejo de Ministros para comenzar su tramitación que termine en el Boletín Oficial del Estado.

Un Reglamento que es inconstitucional en muchos apartados, desfasado en otros y que rezuma por los cuatro costados un olor a naftalina y a Universidad franquista. Un texto, en definitiva, cuya necesidad de derogación era clara, como lo muestra que el Defensor del Pueblo lo reclamara por primera vez en 1990, y posteriormente, en la recomendación de 3 de julio de 2008. Nada que objetar, por tanto, sino todo lo contrario. 

Pero no sólo es importante porque se derogue la norma del 1954. Es relevante por diversos motivos.

De entrada, es una norma que proporciona seguridad jurídica a los estudiantes, en el doble sentido de disponer de un procedimiento adecuado a las exigencias del Estado constitucional y, además, podrán disponer de una tipificación adecuada de infracciones y sanciones. Dicho de otro modo, se superará el abuso del tipo de la “falta de probidad” que intentaba paliar las carencias de la norma de 1954.

En segundo lugar, no es sólo una norma de disciplina en el sentido de tipificar infracciones, fijar sanciones y regular el procedimiento. Es una norma de convivencia, lo que permite introducir mecanismos alternativos de resolución de controversias que se han demostrado muy adecuado para resolver los conflictos que puedan existir en el ámbito de la Universidad. Una experiencia que pusimos en funcionamiento en la UCM en el mandato de Carlos Berzosa (2003/11) y que se demostró un instrumento útil para afrontar los problemas que planteaba la convivencia, no sólo entre los estudiantes sino incluso en otros ámbitos del Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios.

En este punto, será muy relevante el papel de las Oficinas de la Defensoría del Universitario y se requerirá una adaptación de los servicios de Inspección universitaria. Sería conveniente, en este sentido, que se mejoraran, además, la vinculación con la Oficina de Igualdad que existe en todas las Universidades y que es un instrumento muy útil ante los problemas de sexismo, muchas veces de naturaleza ambiental, que se produce en las aulas.

En tercer lugar, es destacable que las infracciones y sanciones abarcan una pluralidad de comportamientos que son incompatibles con el sentido de Universidad. El plagio posiblemente sea el punto que más importancia merece citar, y que,, como ha ocurrido recientemente en el caso de una Ministra alemana que plagió su tesis doctoral merece una sanción debido a que no sólo no cumple con las reglas básicas de lo que es el trabajo universitario, sino que vulnera los derechos intelectuales del autor plagiado. Es una falta muy grave en el Trabajo de Fin de Grado y Máster y en la Tesis Doctoral. No estaría de más que las Universidades ayudaran mediante mecanismos electrónicos de supervisión del plagio.

Hay un conjunto amplio de medidas contra aquellos comportamientos que atentan contra la dignidad humana, ya sean novatadas, ya sean otro tipo de comportamientos sexistas; y también existen infracciones contra el patrimonio universitario, como ese tan dañino de la mutilación de libros, que tanto daño provocan. 

Posiblemente, se debería incrementar la sanción por la apropiación indebida de exámenes y se fija una sanción por copiar durante la realización de un examen, que se considera falta leve. La Universidad es, ante todo, una actitud y este tipo de comportamientos picarescos tienen consecuencias en relación con los usuarios de los servicios de este tipo de estudiantes una vez obtenido el título. Nada se dice, en cambio, sobre la calificación que dispondrá el estudiante que haya sido pillado copiando. 

En esta norma, falta una medida que estaba previsto en el Borrador de 2011 relativa a la circulación de las sanciones en todo el sistema universitario español, a fin de evitar la (relativamente) frecuente práctica de cambiar de Universidad para eludir la sanción. 

Si en un post anterior me quejaba de que no se hubiera utilizado el Borrador que se redactó en la época de Gabilondo como Ministro de Educación en 2011, en esta ocasión, me complace ver cómo el trabajo de entonces ha encontrado reflejo en esta norma. 

Ahora queda un trabajo pedagógico de exponer a las asociaciones de estudiantes y al propio estudiantado las ventajas que tiene disponer de una norma como la que se quiere aprobar. Es una norma pensada para este colectivo que les proporciona seguridad jurídica y garantías en el marco de un Estado de derecho.

En este sentido, hay que valorar el mérito de romper el miedo a regular esta cuestión. La convivencia universitaria es bien que hay que proteger, sobre todo en un contexto de polarización como el actual, que ya está empezando a llegar a las aulas.

En definitiva, un paso importante que esperamos que se pueda transformar en Ley en el menor tiempo posible