Global Politics and Law

Un blog de derecho y de política

Periódicamente, suele aparece en los medios de comunicación y en el debate político la cuestión de las puertas giratorias, que se suele vincular únicamente a las situaciones en las que los políticos pasan a desempeñar funciones dentro de las grandes empresas una vez que dejan de serlo. Como veremos es una parte menor del problema recogido en su conjunto.

Un problema actual y perenne, que no es sólo de nuestro país y que está de actualidad por los supuestos de interacción entre lo público y lo privado que se vio en los años anteriores.

Más allá de la primera reacción, el problema de las puertas giratorias, del pantouflage de los franceses, revolving doors de los anglosajones, no es un problema que se pueda despachar de un plumazo, afirmando la conveniencia de su prohibición. Es todo bastante más complejo y sutil. De hecho, cuando abordamos el problema de las puertas giratorias hemos de ser conscientes que no sólo se producen en el momento de dejar el ejercicio de la actividad pública sino que también se puede producir antes y durante su actividad, como se ha demostrado recientemente en España.

Empecemos planteándonos la primera cuestión; de la que no se suele hablar: ¿qué requisitos previos exigimos a un político? No estoy hablando sólo de su cualificación, sino de que puede que existan conflictos de intereses en aquellos casos en los que se va a desarrollar la actividad en el mismo tipo de sector económico: un riesgo que se refiere específicamente a lobbystas y a altos directivos de las empresas. Es el problema que que se planteó en el momento de la última renovación de la Comisión Europea.

Por ello es tan relevante el cumplimiento real de las declaraciones de bienes de los políticos, para conocer y prevenir situaciones incompatibles en el futuro. Paradójicamente, en nuestro país rellenarla de forma deliberadamente incompleta, carece de consecuencias.

De hecho, el riesgo es tan considerable que constituyó uno de los aspectos regulados por el Presidente Obama en el año 2009. Es un problema generalizado como lo prueba la presencia de Goldman Sachs en muchas de las instituciones públicas y Ministerios de Economía; especialmente en los Estados Unidos.

En efecto, conviene recordar que es también extraordinariamente importante al otro lado del Atlántico, de tal manera que es conocido en los Estados Unidos como “Gobierno Sachs”. Por coger dos datos: el Secretario del Tesoro de Clinton, Robert Rubin, que llevó a cabo la desregulación financiera, venía de Goldman Sachs. Así como el Secretario de Estado de Bush, Hank Paulson, que transfirió a los Estados lo que púdicamente se denominan activos tóxicos de los bancos durante la crisis financiera. Timothy Geithner, tiene el mismo origen. En la Comisión europea, han sido comisarios los siguientes miembros de Goldman Sachs: el irlandés Peter Sutherland como comisario de competencia; Karel van Miert Comisario también de competencia; Mario Monti Comisario del Mercado interior –por designación de Berlusconi-. Robert B. Zoellinek, Presidente del Banco Mundial entre 2007 y 2012, también procede de Goldman Sachs y allí volvió en 2013. El portugués Antonio Borges fue, entre 2000 y 2008, vicepresidente de Goldman Sachs. En 2010 fue nombrado director del Fondo Monetario Internacional para Europa. El estudio de D. Cohan Money and Power: How Goldman Sachs Come to Rule the WorldpastedGraphic.png(2012) es un buen botón de muestra; como lo es, por coge el caso más escandaloso, el de Durao Barroso, que estuvo en conversaciones con ellos incluso antes de finalizar su mandato. Una situación que se mantuvo durante la Administración Trump. Hoy ese papel, en la Administración Biden, lo ha ocupado BlackRock, al punto que se la ha denominado “la cuarta rama del gobierno”

No podemos olvidar, en nuestro país, el caso del antiguo Ministro de Defensa, después embajador en los EEUU, que venía precisamente de la industria armamentística. 

Es, de todos modos -sin que sirva de consuelo- un problema general, como ya he avanzado antes. Los casos de los conflictos de intereses de Trump y de algunos miembros -como especialmente el Presidente de la agencia de protección del medio ambiente- de su ejecutivo; así como de los del Gobierno francés -aquí vinculados los más graves a la industria farmacéutica- o británico en relación con el comercio, muestran que este es un aspecto en el que no se ha incidido demasiado.

 

El fenómeno más comentado de las puertas giratorias se vincula a la pregunta de qué hace un político cuando deja de serlo. Trabajar en lo suyo, parece la primera respuesta y que, desde luego, es la situación habitual de los que tienen la condición de funcionario. 

Para los que no lo son, ¿cómo de estrictos somos limitando el trabajo al que pueden acceder? E inmediatamente después nos tenemos que preguntar: ¿qué indemnización le damos si restringimos de forma estricta su acceso al mercado de trabajo?

Nos encontramos ante muchas situaciones que entran en los problemas de uso de la influencia adquirida en la política para el desempeño a posteriori de la labor privada y en donde, además, aparece la cuestión de que el expolítico debe tener un puesto de trabajo (salvo que asumamos que haya que dar una indemnización). Y no podemos olvidar que, en ocasiones, su nombramiento para un cargo público deriva, precisamente, de esos conocimientos que ahora pretendemos invalidar para el ejercicio profesional.

El problema, se dice, aparece cuando se accede a un Consejo de Administración de una gran empresa, especialmente si es de las denominadas estratégicas. En España siempre sale el mismo caso, a pesar de que lo dejó hace algún tiempo: ¿Consideramos ilógico que Felipe González pudiera estar ahora (lo pongo en condicional, porque dejó de estar hace bastantes meses) en el Consejo de Administración de Gas Natural, cuando hace más de 20 años que dejara la Presidencia del Gobierno? A mí recordar este caso no me parece adecuado. El tiempo transcurrido es demasiado grande.

A partir de aquí, surge la siguiente cuestión: ¿sólo miembros de Consejos de Administración? Esta es la situación en la que estaba Jordi Sevilla (trabajando para una consultora, Price Waterhouse Coopers) ¿Se lo impedimos también? ¿Por cuánto tiempo? ¿Estamos diciendo en consecuencia que sus conocimientos no le permiten para ganarse la vida? O en el caso de Trinidad Jiménez. Dejó de ser Ministra hace cuatro años. Un tiempo más que respetable para que ahora pueda afrontar un cambio en su vida profesional. E incluso podemos plantearnos algo más: ¿para cualquier tipo de empresa? ¿O hacemos distinciones?

En Francia, el paso entre el sector público y el sector privado está sometido al examen de la Alta Autoridad por la Transparencia en la Vida Pública, que examina todas estas situaciones que pueden resultar comprometidas y que delimita las condiciones en las que se podría acceder al nuevo puesto de trabajo, imponiendo restricciones. ¿Estaríamos en condiciones de un examen similar en nuestro país?

Frente a lo estricto que parece que se quiere ser con estas situaciones nada se dice de otras. Para hacer lobby, para desplegar influencias, no hace falta entrar en un Consejo de Administración ni siquiera trabajar para una gran empresa. ¿Hemos pensado en los despachos de abogados o de otros profesionales liberales cuya tarea fundamental es el lobby? ¿No sería mejor la regulación del lobby para saber quiénes se dedican a este tipo de menesteres, tal como ocurre en la Unión Europea? ¿No habría también que mejorar la transparencia de la actuación pública para saber con quién se reúne cada cargo público y cuál es el contenido de la reunión? Posiblemente resulte muy interesante analizar qué está ocurriendo con el lobby en la Unión Europea y qué trascendencia tiene en muchas de las políticas que se están haciendo, empezando por el contenido de los grandes tratados comerciales.

O incluso, ni siquiera hace falta plantearnos que el cargo público pase al sector privado, cuando es posible hacerlo fichando a su pareja, como ha ocurrido con otros casos, también en nuestro país.

Este supuesto: ¿lo consideramos afectado por una situación de incompatibilidad?

La casuística es grande, como se puede ver, y los contornos de la legislación deben contemplarlos todos. Pero no resulta suficiente. Los casos de influencias desarrolladas por algunos diputados del Partido Popular durante las pasadas legislaturas han hecho salir a la luz un problema que está bien regulado pero mal aplicado: el otorgamiento de la compatibilidad a los diputados para desarrollar actividades privadas. Cogiendo la letra del artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se recuerda que la actividad de diputado o de senador es con dedicación absoluta no podría pasar. La lectura que se hace de la misma nos conduce a que esté ocurriendo. El problema es también de cómo se aplican los supuestos y sobre todo las excepciones que existen, tal como se vio en la votación de julio de 2017, que mereció el voto negativo del Grupo Parlamentario Socialista.

Las puertas giratorias tienen un campo en el caso de la función pública de lo que no se suele hablar o que, por lo menos no están en el ojo del huracán: el paso de los miembros de los cuerpos de élite de la Administración del sector público al sector privado, en nuestro país preferentemente para litigar contra el Estado. Abogados del Estado e Inspectores de Hacienda son los primeros en esta lista. Si tomamos los datos de la última relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 2012, vemos un panorama desolador de excedencias voluntarias que afectan aproximadamente a la mitad de la plantilla y que significan la salida al sector privado para litigar contra las Administraciones públicas. Uno de cada diez en empresas del IBEX 35. Tampoco es un problema únicamente español: en el año 2019, 951 funcionarios de la Unión Europea dejaron su puesto de trabajo para pasar al sector privado, con un alto riesgo de conflicto de intereses, tal como señaló Le Monde.

En nuestro país, los plazos de permanencia previa en el cargo antes de su paso al sector privado deberían ampliarse después de la reducción a sólo 5 años que estableció el Gobierno de Aznar y endurecer las consecuencias de su salida. De esto, que nos está costando mucho dinero al cabo del año, sin embargo, no se dice absolutamente nada. En Francia, la Alta Autoridad por la Transparencia de la Vida Pública se propuso el examen de la salida de los altos funcionarios al sector privado.

Con los ejemplos anteriores he querido destacar un dato: merece una respuesta pensada para incluir todo aquello que merezca la pena y con unas consecuencias proporcionadas. Todo ello, en el empeño de que se reduzca lo más posible el riesgo de una influencia perniciosa a la hora de toma de decisiones públicas.

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