Política de la mentira

La mentira se ha instalado en la vida política española. Seguro que no es algo nuevo (recordemos las inexistentes armas de destrucción masiva que justificó la invasión de Iraq o la imputación por el Gobierno de Aznar a ETA de los atentados del 11M a pesar de los datos en contra) pero ha experimentado un crecimiento muy considerable, y es algo que los cauces del debate público durante la pandemia de la COVID19 ha exagerado.

Tampoco se debe considerar un hecho consustancial a la idiosincrasia española, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las mentiras políticas son disfrazadas por la Administración Trump como “hechos alternativos”. Incluso una de las modalidades de la mentira política ha sido conceptuada con un término catalogado como ”palabra del año”, post truth, postverdad o mentira previa a la que dediqué otro post.

Lo que es cierto es que se ha dado un salto cualitativo, vinculado a un incompleto escrutinio de la ciudadanía al debate público y a extraer las consecuencias iniciales de la mentira (no votar al mentiroso). Nos encontramos con mentiras en el gran debate público, en el pequeño (como lo muestra una comunicación en los centros de salud de la Comunidad de Madrid imputando al Estado lo que es responsabilidad propia), en reuniones de gestión empresarial y de comunicación de los resultados de la misma. Tanto es así que hoy encontramos webs que se dedican a escrutar la mentira de los dirigentes públicos, como ocurre con Politifact en los Estados Unidos o con Maldita en nuestro país.

De hecho, la lógica de la desinformación que algunos practican tiene una lógica de comunicación: el riesgo mayor de la noticia falsa, es precisamente su planteamiento como verosímil y en que la forma de plantearlo las hace ser capciosas, en el sentido de que utilizan estereotipos, prejuicios y emociones para extenderse en la sociedad. Con los riesgos añadidos de que alguien ajeno se transforme en un propagador de información falsa y de que el desmentido no suele resultar eficaz para contrarrestar el impacto de la mentira política. Los ambientes en los que se difunden, bastante cerrados en cuanto a la mentalidad y ausentes de pensamiento crítico impiden que se plantee la duda sobre su verosimilitud.

La mentira política puede venir, de una parte, de lo que podríamos denominar la doble frustración del mentiroso, que, además, suele venir de la mano: la de no ser el que ejercite el poder en ese momento (lo que la incrementa cuando se ha venido ejercitando durante mucho tiempo y se considera “propio”, lo que lleva a que la mentira se refiera a los comportamientos de los que ahora ejercen el poder) o a la frustración de carecer de recursos para refutar con argumentos al que lo ejerce. Una y otra conducen, como recordaba Arendt, a una situación paradójica y usual: la de acabar creyéndose la propia mentira y actuar como si fuera verdad. Fue lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. El círculo se completa hasta que haya una renovación de personas.

Pero puede ser, también, un arma de utilización política. El recurso a la mentira para desacreditar al adversario, para lo cual hace falta una reiteración en la mentira y en disponer de medios de comunicación que están dispuestos a asumir ese discurso. Un discurso que se construye para reconstruir la realidad y adaptarla a nuestro deseo y sensibilidad. En España, esta relación tan directa entre medios de comunicación y estrategia de comunicación de los partidos es lo que llevó a considerar desde EE.UU. a nuestra prensa tradicional, la peor de Europa.

En el debate entre la objetividad de los hechos y la subjetividad de la mirada, el papel tan preponderante de ésta hace que se produzca un proceso de reconstrucción de la realidad. La cuestión aquí parte de que los propios medios de comunicación necesitan novedades para mantener su espacio en el debate público, porque es lo que les permite impulsar un número de visitas a sus webs y con ello el rendimiento publicitario. Un factor en el que han contribuido la sustitución de los accionistas tradicionales por actores provenientes del sector financiero y la concentración de los medios en muy pocas manos, como ha ocurrido en el sector de la televisión.

Bien es cierto que hoy las redes sociales pueden actuar, de alguna forma, como sustituto de la prensa. No obstante, a estos medios de microblogging (especialmente twitter) les suele faltar la credibilidad que tiene el nombre de un medio tradicional, aunque haya perdido parte de su consideración social. Precisamente por ello, han de multiplicar exponencialmente su difusión mediante boots para aparentar una difusión mayor que la que tienen en la realidad.

Desde este punto de vista, las técnicas de spam que ponen a disposición las nuevas herramientas de comunicación no son sino el instrumento para la aplicación en el siglo XXI de la conocida frase de Goebels de que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Una política de comunicación eficaz, además, parte de que ciertas mentiras se interiorizan a través de su repetición como muletillas en la vida cotidiana, con lo que aparentan formar parte de el marco conceptual del individuo. Fue lo que hizo el nazismo.

Un problema que es general pero que, sin embargo, en situaciones especiales se transforma en crítico. Es lo que ocurre con la difusión de mentiras sobre datos científicos, pseudocientíficos y bulos sobre la pandemia o en los procesos electorales, tal como tuvimos ocasión de verlo en las elecciones estadounidenses de 2016.

La mentira juega también como un instrumento para la provocación política que permita justificar el recurso a la violencia y, sobre todo, para desacreditar al oponente político por unos hechos que no han ocurrido como se han querido exteriorizar en los medios de comunicación. Los sucesos habidos en El Barrio madrileño de Moratalaz esta semana constituyen una muestra de este fenómeno, tan vinculado a comportamientos fascistas.

La cuestión que surge inmediatamente es ¿se puede hacer algo? Porque, como se oye habitualmente, ¿no está la mentira amparada por la libertad de expresión?

De entrada, la mentira parlamentaria, que ha aparecido en esta pandemia, encuentra parte de su protección en la inviolabilidad recogida en el artículo 71 de la Constitución.

Hay que partir de que la mentira efectuada por cualquier persona no está amparada por la libertad de expresión. La difusión de mentiras está recogida en diversos artículos del Código Penal (594, 561, 209 -injurias-, 206 -calumnias-, 510 -delitos de odio-, 173 -delitos contra la integridad moral-, 248 -estafa- , intrusismo -403-; entre otros). Disponemos de la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación o la Ley Orgánica 1/1982, reguladora del derecho al honor que protege frente a la publicación de información que no resulte veraz. Incluso, la última evolución de la protección del honor de la persona y sus datos personales ha configurado un “derecho al olvido” que se debe insertar dentro de los derechos de cancelación en internet de información falsa o inadecuada.

Este conjunto de normas nos permitiría disponer de instrumentos jurídicos para la protección frente a diversas manifestaciones de la mentira y que atentan contra la el buen nombre de la persona. La necesidad de recurrir a instrumentos jurídicos coloca al mentiroso en una doble protección: por un lado, la de que cuando el círculo de afectados es indeterminado no hay acción judicial. Por otra parte, cuando sí lo hay, el coste económico, emocional y de otro tipo del proceso judicial deja sin respuesta al mentiroso.

Las dos leyes citadas, la reguladora del derecho de rectificación y la protectora del derecho al honor son disposiciones, sin embargo, de otro mundo, de aquél en el que internet no existía y no era tan fácil la difusión de todo tipo de comunicaciones. Un mundo en el que los medios de difusión estaban mucho más limitados y, con ello, la posibilidad de una acción judicial resultaba más factible. Hoy, ademáás cuando aplicamos dichas normas, nos encontramos con el riesgo, además, de la deslocalización jurídica. Pero, en todo caso, estamos hablando de mentiras que afecten a una persona, física o jurídica, a su honor y a su propia imagen.

Aunque se pueda estar de acuerdo con que el impacto de muchas de las expresiones que se vierten en internet, y, entre ellas las mentiras, son de bajo impacto, no podemos obviar la transcendencia que tienen sobre todo porque la repetición acaba siendo un factor subjetivo para que se pueda retener, aunque sea inconscientemente. Una transcendencia que puede afectar a la propia marcha de una sociedad democrática.

Es cierto que, tal como señaló la STC 35/2020, la libertad de expresión es un vértice de la sociedad democrática: Hay que reconocer “la importancia de los mensajes controvertidos desde el punto de vista de la formación de la opinión pública libre y del intercambio de ideas en consonancia de una sociedad democrática”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo señaló en línea parecida en el caso Lingens: la libertad de expresión “no se aplica sólo a las informaciones o ideas que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplias, sin los cuales no hay sociedad democrática”.

La proyección de la libertad de expresión se extiende sobre ideas, no sobre hechos. Por tanto, si la libertad de expresión es de ideas, ¿dónde podemos encontrar el acomodo en la lucha contra la mentira, como generamos otra forma de hacer política?

La difusión generalizada de mentiras sólo podría encontrar una respuesta eficaz si somos capaces de desacreditar al que las realiza. De hecho, es un deber democrático. Tomando las palabras de Rushdie “importa, siempre importa, llamar basura a la basura. Hacer lo contrario es legitimarla”. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero la deslegitimación requiere pensamiento crítico y capacidades dialécticas.

Para ello, la ciudadanía ha de estar formada en los valores democráticos, en el que ocupen un papel central la educación, el análisis, la crítica y, sobre todo la argumentación y la escucha. Resulta tan complicado de materializar, como lo muestra el recuerdo de que la propia construcción de la educación para la ciudadanía, en valores democráticos impulsada en el Gobierno de Rodríguez Zapatero constituyó un motivo de quiebra política en el que se recurrió mucho a la mentira por parte de los que no querían progresar en esta línea. Algo que no es nuevo en España cuando se recuerda la educación pública de la II República y la furibunda reacción de la Iglesia católica y de los sectores conservadores. El problema, sin embargo, era otro: supone cambiar el marco de referencia.

La formación en valores democráticos permite la generación de pensamiento crítico, lo que constituye un elemento básico para la eliminación de la falsedad generalizada en el debate público. Este pensamiento crítico lo que permite es aislar los hechos básicos incontrovertidos para, a partir de ahí, formarse una opinión sobre ellos. Ahora que está abierto el debate sobre la reforma educativa es un gran momento para plantear estas cuestiones.

Julio González García
Julio González García

Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid

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