COVID19: Pandemia global, sanidad local

La pandemia provocada por el COVID19 es la que se ha extendido con mayor gravedad y en menos tiempo por todo el mundo. La cuestión, podría decirse, no es si va a llegar a un determinado país sino cuándo empezarán a aparecer los casos. Una pandemia que añaden los  hechos de su desconocimiento, de la ausencia de una vacuna y de un medicamento que la cure (por lo que los tratamientos se dirigen a paliar los efectos anejos que provocan la muerte) y que, sobre todo, tiene tal impacto que es ella quien marca el calendario. 

Querer dirigirla, querer controlarla, fijar una fecha de finalización es una quimera. No sabremos, hasta que se dé por superada, cuándo se producirá ese momento. Y por ello las acciones públicas tienen el carácter provisional que estamos viendo en la gestión de todos los países.

La crisis del COVID19 es, decía, una pandemia global. Y a la que se atiende con una sanidad local. El modelo de globalización que hemos vivido en las últimas décadas dejaba a las administraciones estatales y a las locales y regionales la gestión de los servicios públicos, dentro de los que se encuentra la sanidad. Este modelo de globalización atendía al tráfico internacional de bienes, servicios y capitales y no contaba con elementos de protección del factor humano. 

De hecho, si se examinan los esquemas de “gobierno global” la administración estatal, regional y local ocupaban los escalones inferiores de la pirámide, para cumplir dos funciones básicas: por un lado, la implementación de las medidas de comercio global que se adoptaban en otros escalones superiores (básicamente el G8 y en sistemas regionales de integración económica como la Unión Europea) y en la provisión de servicios públicos… con las dificultades que tenía esta actividad.

Desde un punto de vista político, el modelo tenía múltiples ventajas para los actores globales. La lejanía entre los lugares de toma de decisión (ya sea Davos, ya fuera la sede itinerante del G8, ya sea Bruselas) y el lugar de ejecución de sus políticas impedía una contestación política que tuviera efectos. Las crisis griega, española y portuguesa muestran la dificultad que mostraba esa lejanía. 

Las dificultades que existen hoy para la configuración de bonos y otros mecanismos de europeizar la crisis sanitaria no son muy distintos a los que hubo en los años posteriores a 2008, tras la crisis de Lehman Brothers. Es la crisis de un modelo de Europa, que no es diferente de la crisis del modelo de globalización que hemos tenido en el último cuarto de siglo. Es esa Europa que está desoyendo lo que señala el Preámbulo del Tratado de la Unión de la solidaridad entre los pueblos.

Pero, al mismo tiempo, este modelo de globalización y de construcción europea (coincidentes, por lo demás) en el que las decisiones de política económica se tomaban en Bruselas o en otros lugares aún más lejanos y la política social se tomaba en cada uno de los países, constituía un handicap muy considerable en la ejecución de políticas sociales y, en particular, articular una política sanitaria razonable que pudiera contribuir a la resolución de los problemas de la ciudadanía.

En efecto, las políticas de reducción de impuestos, la articulación de numerosos procedimientos de ingeniería fiscal -internas y con paraísos fiscales- y de contención del gasto público, que servían para cumplir los requisitos de la convergencia europea han imposibilitado una correcta política de inversión en sanidad. No había dinero y, además, el pago de la deuda pública era preponderante sobre otras políticas de gasto público, especialmente el referido a educación y sanidad. Es, en definitiva, la política de contención del déficit y el gasto público que ha sido clave en los últimos años de la política europea.

Fijénse, tal como se señala Chernilo en Agenda Pública, han sido los países asiáticos quienes han reaccionado de mejor manera. No es casualidad: Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong han sido los grandes ganadores del ciclo económico global de las últimos 30 o 40 años. Cuentan con recursos y han respondido bastante bien porque son los estados más fuertes del mundo. Es muy posible que en su éxito haya influido también un aprendizaje de experiencias anteriores como la epidemia del Sars en 2003. Aquí ni ha habido recursos (porque no ha habido una política fiscal inteligente) ni se ha aprendido de otras pandemias, ni se ha planificado. Pero sobre todo, el Estado, las Administraciones Públicas, han padecido por aplicación de las políticas neoliberales una “cura de adelgazamiento” tan brutal que la ha dejado en la inanición y sin recursos para hacer ni política preventiva ni remediativa.

Hoy aparecen los datos escalofriantes de la gestión sanitaria en algunas Comunidades Autónomas en donde se han reducido de forma drástica el personal y se han transferido fondos ingentes a la sanidad privada al amparo de políticas de negocio y no de provisión de una política de sanidad. Recordemos que los servicios de Salud Pública en España han recibido, de media, el 1,1% del PIB en los últimos años. El último con inversión adecuada fue 2009, el último en que se subió del 2% del PIB.

El trasfondo, como se puede apreciar, es ideológico, o para ser más exactos, de incorrecta distribución de la riqueza del país que, como dice el artículo 128 de la Constitución, “está sometida al interés general”. Hoy estamos pagando las consecuencias de una mala política de redistribución de la riqueza. La mala gestión de estos años de políticas de reducción del gasto público aparecen en el momento en que hay una pandemia. Y aquí no valen soluciones rápidas. 

Los competentes de los últimos años en materia de gestión hospitalaria, las Comunidades Autónomas, no realizaron durante los meses previos acopio de materiales para prevenirla. Era lo único que podían hacer. Vieron pasar la pandemia sin hacer nada al respecto, esperando que papá Estado viniera a dar una solución. Los problemas estructurales del sistema eran de tal magnitud que requerirán años de mucha inversión en recuperarse.

Si comparamos las crisis, la de 2008 y la actual, la única diferencia es que esta crisis, por ser sanitaria, afecta a todo tipo de personas en cuanto a las consecuencias para la salud. En lo referente a sus consecuencias sociales y económicas son equivalentes: pierden los que tienen un trabajo precario porque son los agentes más débiles del proceso.

Las medidas de intervención severa de la economía deberán durar tiempo si queremos salvar a la gente, sus empleos, su tranquilidad económica y su desarrollo personal. Adoptar medidas extremas es lo que ocurre cuando como país no hemos planificado y adoptado los elementos de protección de las personas. Pero antes es el cuidado de la salud. Y aquí, me temo, tardaremos también tiempo en salir del marasmo.

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Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid

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