No hay debate sobre esta materia en el que el político acusado no eche mano, como argumento de defensa frente a los acusadores del partido adversario, del socorrido “y tú más”. El problema es mucho más antiguo, por supuesto, que el régimen de 1978 (el Duque de Lerma, valido de Felipe III, representó sólo uno en una larguísima lista, aunque alguna periodificación hay que hacer), pero se ha generalizado con el caldo de cultivo que conocemos: partitocracia asfixiante, épocas de expansión inmobiliaria, justicia lenta y demás componentes propicios del entorno. Y conoce una tipología variadísima, de suerte que la famosa clasificación bipolar del maestro Alejandro Nieto -corrupción institucional versus corrupción personal- ha quedado desbordada por la realidad, porque los recaudadores de los partidos lo suelen ser también para sí mismos: “administrador que administra y enfermo que enjuaga, algo traga”.

La lista de nombres de personas físicas es larguísima y está trenzada con los que hoy se emplean para las operaciones policiales y judiciales -Gürtel, Lezo, …- y también con las indicaciones geográficas, como los vinos: los lugares del crimen, por así decir. Resulta difícil establecer un “hit parade”, porque los datos cuantitativos (no siempre fáciles de determinar, por cierto) no son los únicos a considerar. Pero, si acaso hubiera que fijarse en dos sujetos especialmente caracterizados, resultaría difícil negarle una plaza de honor al anterior Jefe de Estado: el petróleo suele mostrarse pringoso y además las cortesanas han subido las tarifas en los últimos tiempos: las que se reclutaban en Totana o en Mallorca, se mostraban menos codiciosas. Y la otra sólo puede quedar reservada para quien fue Presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003. Veintitrés años que cundieron mucho para él y su numerosa familia.

Por supuesto que no son dos escenarios idénticos en lo jurídico. El primero goza, según la Constitución, de un status de inviolabilidad (?) e irresponsabilidad que sólo se explica por las circunstancias históricas de hace 41 años y, vistas las cosas con ojos de hoy, no resiste un análisis mínimamente serio: aunque sólo fuese por eso, la Constitución habría que cambiarla. Pero lo cierto es que el sujeto, ya en su ancianidad, vive algo más duro que el más inclemente de los castigos penitenciarios: una sanción social que de hecho le impide salir a tomar una cerveza al bar de la esquina. Lo del otro es distinto: en teoría está, desde el punto de vista judicial, tan a la intemperie como cualquier hijo de vecino, pero, en revancha, se pasea sin problemas por las calles de Barcelona y no sólo no sufre ningún escrache sino que la gente le aplaude con arrobo, como si fuera, para decirlo con el título que los dominicanos daban a Trujillo, un benefactor de la patria. La sociedad catalana (en particular, el empresariado, los mismos que sufrieron sus extorsiones), no tiene la menor cuenta pendiente con él; antes al contrario, casi lamentan no haberle pagado más. La gente del Liceo son así de chistosos: “Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”.

En Cataluña hablan mucho (y con orgullo) de su hecho diferencial. Cervantes lo explicó con otras palabras: “cada cosa engendra su semejante”. Y en eso precisamente consiste “el orden de la naturaleza”.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz

Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Politécnica de Madrid. Letrado de las Cortes Generales desde 1981 (actualmente en excedencia). Consultor de Allen & Overy Madrid desde 2001.

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