Los que somos de oficios cercanos a los Tribunales (una tarea emocionante porque nunca faltan sobresaltos: casi siempre la historia acaba de manera contraria a lo que, para bien o para mal, habría sido de esperar) sabemos que cada procedimiento -cada número, como suele decirse- tiene un objeto preciso y no se roza con los demás: sigue su camino con plena autonomía y concluye cuando se dicta la Sentencia que es la suya propia. Pero a veces ocurre que hay dos pleitos sobre materias que son conexas, porque, por ejemplo, el destino del primero predetermine el del segundo. Una de las maneras de evitar que finalmente se arbitren soluciones contradictorias es lo que en el lenguaje profesional se llama la acumulación: los dos legajos se funden en uno único.

Es lo que está sucediendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el juicio a los miembros del Gobierno catalán independentista, con un indudable impulso empresarial y sociológico que además se mostró a la luz del día, por su cantada de septiembre y octubre de 2017. Fue colofón de una larga aventura iniciada en 2012, sin perjuicio de antecedentes más remotos. Nadie (y nadie es, sobre todo, el Gobierno de España, que dio síntomas de estar vacante durante todo el tiempo) hizo nada por reconducir las cosas a la Constitución y aun al mero sentido común.

En el banquillo se sientan, así pues, los políticos catalanes: son los acusados. El Código Penal de 1995, tantas veces modificado para asuntos menores, olvidó tipificar como delito el golpe de Estado y, por supuesto, el autogolpe, al estilo del de Fujimori en 1992 en el Perú (o sea, el golpe desde dentro y por quienes están llamados a ser los primeros garantes de la legalidad). Lo hizo, sí, con la rebelión y la sedición, aunque con una definición militarista y en la que, para encajar el tipo de putsch que resulta propio de la postmodernidad tecnológica, sin tiros y sin muertos, puede terminar haciendo falta algún requiebro interpretativo. Algo que introduce unas dosis de incertidumbre que, a poco que los legisladores hubieran mostrado un poco más de perspicacia y conocimiento de la realidad actual, se habría podido y debido evitar. Sobre todo, teniendo en cuenta que entre enero de 2012 y diciembre de 2015 el partido que estaba para defender en primer lugar la integridad territorial contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero la ocasión (pese al aviso de 9 de noviembre de 2014, con un primer referéndum) se dejó pasar. Se conoce que el asunto no era importante.

Eso, con respecto a los que se sientan en el banquillo (por cierto, nadie del planeta empresarial) y sobre los que recaerá la Sentencia a la que según Sus Señorías haya lugar. A ver.

Pero, a poco que uno que haya seguido las declaraciones, caerá en la cuenta que, formalidades leguleyas al margen, también se está sometiendo a escrutinio, aunque en teoría comparezcan sólo como testigos, a quienes, a la sazón, se encontraban al frente de España y mostraron una incompetencia absoluta a la hora de proceder (o, mejor, de no proceder), para sorpresa incluso de los propios golpistas. No están en el banquillo de los acusados porque, ahora ya sin duda ni resquicio interpretativo alguno, la incompetencia, aun la más manifiesta e imperdonable, no figura en el catálogo de delitos. Pero no nos dejemos engañar por razonamientos de tiquismiquis: materialmente hablando, y travestismos formales al margen, también ellos están resultado objeto de enjuiciamiento. No podrán ser objeto de una condena como tal (salvo por falsedad en su testimonio, en su caso), pero la imagen que están dejando resulta penosa y les hace acreedores al veredicto menos misericordioso. Qué bien (Dios escribe derecho, por torcidos que se antojen los renglones) que ya no están en sus puestos.