¿SUBIR EL IVA al 25%?

El Parlamento europeo ha aprobado dos resoluciones esta semana sobre el Impuesto Sobre el Valor Añadido. Una de ellas propone una subida del IVA máximo del 21% al 25%. Ha sido una medida aprobada mayoritariamente en la eurocámara, con 536 votos a favor, 87 en contra y 41 abstenciones. Una medida que hay que vincular a la propuesta de la Comisión europea de enero de este año, que planteaba un conjunto de medidas similares.

La medida pretende un aumento de la recaudación en un momento en el que el presupuesto europeo se considera exiguo. En principio, se pretende un incremento de la recaudación en 41.000 millones de euros y rebajar los gastos a las empresas que operan en un ámbito transnacional, comerciando dentro de la Unión Europea.

El problema deriva de que el incremento de la presión fiscal a través del Impuesto sobre el Valor Añadido constituye el mecanismo más injusto de todo el sistema tributario, en la medida en que afecta por igual a todos los consumidores, con independencia de cuál sea su renta. Es totalmente proporcional y, de continuar esta línea, pone en discusión el principio de progresividad del sistema tributario que está recogido en el artículo 31 de la Constitución.

Paralelamente, la reforma propuesta quiere unificar los tipos impositivos para ganar “claridad” en el sistema europeo, mediante la introducción de una zona euro común en toda la Unión en donde se “clarifiquen” los tipos impositivos y la tramitación administrativa. 

Resulta paradójico que se piense en la unificación de los tipos del IVA mientras que no se ha progresado en una armonización de los tipos impositivos en el Impuesto de sociedades, lo que constituye el auténtico agujero negro del sistema fiscal europeo. Al mismo tiempo, tampoco se han dado pasos relevantes en la introducción de la tasa Tobin sobre las transferencias al extranjero ni tampoco se han adoptado medidas contra los paraísos fiscales y territorios off shore europeos y extracomunitarios (cuyas listas no han hecho otra cosa que reducirse durante el último año). Con ello, se ve la preferencia de la Unión.

En efecto, la falta de armonización es lo que está permitiendo que la competencia fiscal en la Unión Europea esté llegando a extremos poco sostenibles, configurando auténticos paraísos fiscales europeos, como ya tuve ocasión de señalar en otras ocasiones. Es una medida, además, en donde las grandes empresas tecnológicas están obteniendo un notable beneficio a través del diseño de la presión fiscal, favorecido por ciertos ordenamientos como el de Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre, Irlanda o el Reino Unido, entre otros. 

Es una competencia que introduce distorsiones intolerables en el ámbito de la competencia entre empresas y que a la larga sólo puede conducir a una rebaja fiscal. Resulta paradójico, por ejemplo, que los incentivos y bonificaciones fiscales que hay en nuestro país provocan que frente a un tipo del Impuesto del 35%, la presión fiscal efectiva en sociedades ronde el 6% para las grandes empresas. Esa diferencia se manifiesta en los servicios públicos que estamos dejando de recibir; lo cual es especialmente grave en un país con una de las presiones fiscales más bajas de la Unión europea. 

La Unión Europea está preocupada, con razón, por la defraudación fiscal que hay en el interior de la Unión. Lo fija aproximadamente en 150.000 millones sólo con el IVA; lo que, de acuerdo con los estudios del Parlamento europeosupone un 13% de pérdida de recaudación. El problema estriba en que un cambio legislativo, sin la introducción de medidas de incremento administrativo, no tendrán el efecto de eliminar la defraudación. 

Desde luego, la adopción de medidas de refuerzo administrativo para luchar contra la defraudación no es equivalente en todos los países: mientras en Luxemburgo se piensa que lo perdido es el 0,8% en Rumania alcanza el 35%. 

España tiene una defraudación estimada de 2000 millones de euros en 2016, que se correspondería con un 5% de la recaudación. En los informes europeos sobre el IVA no se señala el impacto de la economía sumergida, que, dependiendo del método de cálculo que se utilice oscila entre el 20 y el 25%, de acuerdo con lo que se señala en el Informe de la Fundación de Cajas de Ahorros. Dicho de otro modo, desde un punto de vista formal estamos bien, desde el material estamos bastante mal.

El conjunto de medidas que se han recogido en este artículo tendrían que ser estudiadas y aprobadas por el Consejo de la Unión que es el único con competencias en esta materia. La coincidencia de la Comisión y el Parlamento hará que, más temprano que tarde, pasen a ser derecho positivo.