Responsabilidad política del Rey. Los sucesivos escándalos que han aparecido en relación con el anterior Jefe del Estado y su hija nos deben poner en disposición de analizar cuál es la responsabilidad política de una institución peculiar de nuestro sistema constitucional como es la Monarquía. 

Es especialmente importante ya que, con es conocido, desde un punto de vista jurídico, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, tal como dispone el artículo 56.3 de la Constitución. Más aún, la responsabilidad por los actos públicos “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”, tal como dispone el artículo 64. Un régimen de protección jurídica, del que recientemente se ha señalado que constituye el blindaje jurídico de la Monarquía,.

Un ámbito de protección tan extraordinario (excesivo, podríamos decir) que debería corresponderse con el cumplimiento de un código ético muy estricto y una política de transparencia en la gestión pública y de su patrimonio privado.

La historia de la dinastía de los Borbones no ha sido sencilla. Los problemas habidos entre Carlos IV y su hijo Fernando; las idas y venidas al trono de Fernando VII y su abrazo forzado del liberalismo en 1820; los “sucesos de Palacio” del 28 de noviembre de 1843 –excepcionalmente narrados por Alejandro Nieto-; la salida de la reina en 1868, la restauración en 1876 y la salida de 1931 reflejan la dificultad de asentarse en nuestro país.

Cuando se produce la reintroducción de la monarquía, estos datos debían estar claros para Juan Carlos I. No sólo por un deber institucional sino también por egoísmo personal. La salida de Isabel II y de Alfonso XIII no es por razones jurídicas sino políticas. Este mero dato hubiera debido ser tenido en cuenta en cada acto -público y privado- del Rey desde el 22 de noviembre de 1975, cuando accede al trono.

Lo ocurrido a partir de entonces, el apogeo de su consideración ciudadana y la caída de Juan Carlos I que se puede ejemplificar en lo ocurrido en Botswana es conocido y no merece la pena recordar cada pormenor. Sí es relevante señalar que la abdicación no supone el olvido político de lo ocurrido, como bien muestran las grabaciones que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días, que hacen referencia, entre otros, a presuntos impagos de impuestos a la Hacienda Pública y a la presunta utilización de testaferros. Y que, por la propia naturaleza de la institución, extiende sus efectos a la propia institución, porque es la familia la base de la Institución. Algo que debería estar claro para sus integrantes.

Así, la modernización de la Casa Real de Felipe VI no ha llegado a un aspecto que, por propio interés debiera haber sido adoptado por el nuevo Rey: la transparencia en su gestión patrimonial; más allá de lo que diga la Ley de Transparencia. Transparencia en su gestión y acceso público a la información.

Resulta paradójico pero, mientras los cargos públicos han de firmar una declaración de bienes en el momento que toman posesión (y hacerla pública), no hay rastro de algo parecido en los integrantes de la Casa Real. En este caso, dada su permanencia debería ser actualizada, además, cada cierto periodo de tiempo. Algo que sorprende por cuanto que la irresponsabilidad jurídica no conlleva la irresponsabilidad política. Conocer su patrimonio comportaría incrementar la confianza en la Monarquía. 

De hecho, si usted, está pensando cuando lee estas líneas sobre presuntas dificultades en el conocimiento del patrimonio de los integrantes de la Familia Real, reflejaría que tendríamos un problema.

O, por ahondar en otro aspecto vinculado a lo que aparece en los medios de comunicación, ¿la exigencia de exclusividad en el desarrollo de su actividad de los funcionarios se extiende a los integrantes de la casa real? Incluso alguien tan peculiar como el Presidente de los Estados Unidos ha tenido que recurrir a subterfugios para seguir manteniendo su patrimonio empresarial.

De igual manera, la creación de la comisión de investigación sobre el contenido de las grabaciones conocidas en los medios de comunicación, no debería ser objeto de discusión una vez oído al Director del CNI. Por dos razones: por coherencia con la lucha contra la defraudación fiscal y porque, de ser ciertos tales hechos, serían un dato relevante para una eventual pérdida de confianza social en la institución. 

Acaso tengamos que recordar aquí el cuento de Hans Cristian Andersen “El traje nuevo del emperador”. Eludir la creación de la comisión no evita que igual que en el cuento fue un niño; en la vida real de la España de 2018 cada ciudadano, pueda pensar en la vestimenta del monarca o si por el contrario va desnudo. Y es lo que está ocurriendo ahora a partir del archivo sonoro de un comisario de policía jubilado tan peculiar como Villarejo. 

Confianza social, responsabilidad política. Que el Rey no sea responsable jurídico no significa que no lo sea políticamente. Algo que debiera estar claro y que es, además, automático por el mero hecho de la Jefatura del Estado. Diga lo que diga la Constitución. Está en la consideración que tengamos cada uno de nosotros sobre lo que hace el Rey. Y es intangible e incontrolable.

Las peculiaridades de la institución, la existencia del vínculo de sangre como única razón para que una persona concreta ostente la Jefatura del Estado hace que su actuación deba resultar especialmente transparente y honesta. De no ser así, las consecuencias políticas son impredecibles, por cuanto que quien la exigirá será la ciudadanía, con las consecuencias que todos sabemos.