Contratos menores para la ciencia. En el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, se ha producido la primera modificación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Como se puede imaginar, afecta a los contratos menores, que ha sido considerados el talón de aquiles de la norma, por su carácter rígido. Posiblemente, como se ha apuntado en otros lugares de este blog, ni se han explorado las posibilidades del procedimiento supersimplificado ni se han hecho suficientemente los deberes en relación con la Plataforma de contratos, como vía para garantizar la publicidad de las adjudicaciones.

En todo caso, gracias al impulso del Grupo Parlamentario Socialista, y por unanimidad de toda la cámara, se ha introducido una enmienda que tiene el siguiente contenido; que entrará en vigor con la Ley de Presupuestos Generales del Estado:

Disposición adicional quincuagésimacuarta. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000€ que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructuras del órgano de contratación.

A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, consorcios, agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica y los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud

Como se puede apreciar, la modificación facilitará la compra pública en materia de investigación, sin que se pueda incluir en ella la relativa a los servicios generales de los centros públicos de investigación; aspecto éste cuyo deslinde será especialmente complejo en algunos casos, como el mobiliario o cierto equipamiento electrónico. Es, sin duda, un avance que, no obstante, habrán de administrar cautelosamente las entidades administrativas. La cantidad aunque más elevada, no permite demasiada flexibilidad. Y, con esta redacción, los demás elementos de los contratos menores se mantendrán.

En todo caso, este cambio legislativo no debe hacer olvidar que en la LCSP se proporcionan instrumentos suficientes para una compra ágil, incluso para los centros públicos de investigación, o para las entidades locales (que suelen plantear dificultades equivalentes para la aplicación del nuevo régimen restrictivo de los contratos menores). Será este el campo en el que habrá que hacer pedagogía para conseguir los objetivos buscados por el legislador en el momento de la aprobación de la norma.

Por último, no podemos dejar de mencionar en este post el dato de que los puros contratos de investigación son contratos excluidos de la LCSP y que los contratos intelectuales son, asimismo, contratos privados fuera de su ambito de aplicacion. Esto supone que no sólo no se aplica el régimen de los contratos menores sino tampoco el núcleo central de la disposición.