La Universidad de Ciudadanos. Albert Rivera presentó recientemente un Proposición de Ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas en el que se incorporaban los aspectos esenciales de la reforma universitaria que, en opinión de Ciudadanos, resulta necesaria. Una reforma que está redactada al calor del escándalo de Cristina Cifuentes, lo cual no deja de plantear el problema de hacer de un problema puntual de mal funcionamiento de una Universidad, un parámetro de análisis universitario.

Veamos los puntos esenciales.

Complicación de la estructura universitaria y reducción de la autonomía.

Posiblemente no hay organización con una estructura de gobierno más compleja que la Universidad. El Rectorado comparte aspectos del gobierno universitario con el Claustro, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Las Facultades, Departamentos e Institutos disponen de competencias en materia de docencia e investigación, respectivamente, que condicionan el poder del Rectorado.

A esta estructura Ciudadanos añade dos elementos: por un lado, refuerza los poderes del Consejo Social en detrimento del Rectorado. Una medida que entra en el mismo vicio que sirvió para la anulación por el Tribunal Constitucional de una antigua regulación universitaria, debido a un problema central: la autonomía universitaria ha de ejercerse por órganos que sean internos de la Universidad. El Consejo Social, por estar compuesto mayoritariamente por personas ajenas a ésta, no cumple el requisito. Habría que añadir, que, además, es un órgano compuesto por personas que mayoritariamente no se dedican a la Universidad, que acuden a ella una vez al mes y que, en consecuencia, no están al tanto de la compleja problemática universitaria.

La creación de un Consejo de Transparencia es la otra gran medida. Formado por personas ajenas a la Universidad, tendrá como funciones velar por el cumplimiento de la legislación, en particular, el código ético, por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como el personal directivo de todas las entidades vinculadas o dependientes de la universidad. De nuevo, se recurre a personas ajenas a la Universidad -sin razón aparente para ello- y sin darse cuenta de que para garantizar el cumplimiento de la normativa, existen Inspecciones de Servicios que tramitan los procedimientos de incumplimiento. 

En tercer lugar, se impulsan las funciones de una Alta Inspección Educativa a la que se dan funciones en materia de Universidades. De entrada, sorprende que se haga sin alterar los Estatutos de autonomía, que recogen la competencia autonómica básica en esta materia. De salida, el problema de Cifuentes actúa como impulso. Una Inspección a la que se darán los poderes de supervisar la acreditación institucional de los centros y, en particular, su renovación o re-acreditación. 

Ello se complementa con medidas contra la falta de honestidad en los títulos académicos, impulsando la publicación on Line de todos los Trabajos de Fin de Master, los Trabajos de Fin de Grado y de las tesis doctorales, medidas que parecen razonables. Y a ello se añade la obligatoriedad de que haya programas antiplagio, el famoso Turnitin. Sorpenden, en todo caso, lo remolón que estuvo Ciudadanos en la exigencia de dimisión de Cifuentes por no haber presentado en TFM.

La Universidad de Ciudadanos y el mito de la falta de rendición de cuentas.

Las cuentas de las Universidades públicas están sometidas a una pluralidad de controles en la actualidad. De entrada es normal su auditoría. De salida, la propuesta del Rectorado es examinada en primera instancia por el Consejo de Gobierno, con posterioridad por el Consejo Social y, por último, por la Cámara de Cuentas de la Comunidad autónoma. Sólo falta un elemento en algunas Comunidades autónomas, que es el de la comparecencia del Rectorado ante el Parlamento autonómico; algo que, por otra parte, se viene demandando desde el Gobierno universitario.

Sin embargo, a todas ellas se añade la obligación de que “Cada universidad contará, bajo la supervisión del Consejo social, de unidades orgánicas adecuadas para el control de las inversiones, gastos e ingresos, mediante las correspondientes técnicas de auditoría. El alcance del control se extenderá a todos centros y los sujetos vinculados o dependientes de la universidad, incluidos, los institutos y las fundaciones”.

No, no es éste el problema que hay. Por un mero ejercicio de buen gobierno ya existen unidades suficientes. Y, además, ¿por qué hay que reforzar el control en el ámbito universitario? ¿qué gran problema de mal gobierno económico se ha percibido en las Universidades, dedicadas a la Administración de la escasez? ¿No es suficiente con todo los controles actuales?

La Universidad de Ciudadanos y el problema no atendido de la financiación

Frente a ello, Ciudadanos no se fija en el gran problema de la Universidad: su falta de financiación. La Universidad Complutense tuvo en 2009 un presupuesto de 650 millones de euros, aproximadamente. Hoy es un 15% inferior. Harvard tenía lo ha subido en los últimos años un 18% y ronda los 5000 millones de dólares. 8 veces más que lo que tiene la Universidad española con más presupuesto. 

No hay calidad sin presupuesto. La frase del antiguo Rector de Harvard Dereck Bock de que “si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia” es una gran realidad. La Universidad no es sólo formación, sino también investigación. Si no se investiga nuestra economía seguirá siendo de turismo de sol y playa y de ladrillo, cuyas consecuencias están a la vista. A los partidos les toca cambiar el ritmo ya que es al Estado al que corresponde impulsar el cambio. Más aún, recogiendo las palabras de la rectora del País Vasco en Agenda Pública, “más allá de reconocer la relevancia de la investigación en la Universidad, en varias ocasiones he expresado mi firme convicción de que si no investiga, no es una universidad”. Y para ello, el presupuesto, la financiación es básica.

Es un problema de mal análisis de la inversión que supone la Universidad. Como ha señalado Ricardo Rivero, “Un estudio reciente apreció el efecto multiplicador de sextuplicar la riqueza generada por cada euro invertido en el estudio. La iniciativa del Consejo Social de medir el impacto económico de la Universidad demostró tanto alcance sobre el entorno como el producido por algunas de las mayores empresas. El virtual efecto de la no-Universidad sería devastador sobre el territorio; tanto en su producto interior como en la población y las iniciativas”.

Recordemos que como decía aquí  Diego Beas, deben ser “conscientes de que los sistemas de innovación más importantes y exitosos de los últimos 50 años siempre han germinado y crecido de la mano del Estado”. Una reflexión que no está en la Agenda Pública española y que merecería un Pacto de Estado. 

La Universidad de Ciudadanos y el problema no atendido de la falta de personal docente e investigador

La tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno de Rajoy desde su llegada al poder en 2011 ha hecho que el profesorado universitario cueste un 8% menos. Los planes de promoción del profesorado se han congelado, prácticamente no ha habido nuevas plazas de profesores y las pocas que han salido se han recurrido. La paradoja es que, cuando se implanta un modelo educativo que necesita más profesores, se reduce su número. Y si hay que impartir más docencia, se investigará menos con lo que la posición de las universidades españolas en el ranking de Shangai empeorará, ya que sólo analiza la investigación.

Sólo ahora empiezan a salir plazas de profesorado. Siguen faltando muchas plazas de investigadores que colaboren con los proyectos de investigación. Un dato puede ilustrar lo que se está señalando: la plantilla de Berkeley es similar entre personal de administración y servicios y profesorado. Ello es debido al alto número de investigadores que tiene. Nosotros, tenemos una proporción de 2-1, debido precisamente a esta falta de investigadores. Para esto hace falta un presupuesto del que hoy se carece.

La reforma de Ciudadanos insiste en el aspecto de la tan citada endogamia y proporciona una regulación alternativa. No sé yo si es consciente de que el problema existió con el modelo que quiere recuperar de tres miembros elegidos por sorteo  (vigente hasta 2001) e incluso con el anterior de todos los miembros elegidos por sorteo, en donde hubo arbitrariedades manifiestas. Es un problema mucho más profundo que el de la composición de las comisiones de valoración: entre otros elementos, hoy no hay capacidad para la movilidad del profesorado que existe en otros lugares.

La Universidad de Ciudadanos y el problema no atendido de la pérdida de equidad del sistema

En el presupuesto de las Universidades públicas españolas ha incrementado sustancialmente el peso que tiene la contribución de los estudiantes: hoy los usuarios del servicio sufragan con sus tasas el 22% del presupuesto, mientras que en 2010 sufragaba únicamente el 15%. 

Nuestro modelo está cambiando, reduciendo su equidad. Con ello, los estudiantes se matriculan de menos créditos ya que al reducirse becas, ayudas al estudio y de otro tipo tienen problemas para pagar su coste debido a la menor riqueza de las familias.

Conclusiones

Como se puede apreciar de los problemas acuciantes y urgentes de la Universidad, pocos son los atendidos en la reforma de Ciudadanos, con la agravante, además, de lo que lo hace en un sentido que distorsionará un gobierno eficaz de las Universidades. 

Si algo resulta imprescindible es afrontar su financiación para superar la economía del ladrillo y de sol y playa. Es ahí donde la mayoría actual de Gobierno, la de PP y Ciudadanos ni está ni se le espera. De nuevo el mito de la estabilidad presupuestaria y la mala política de ingresos públicos actúan como criterios para que nada cambie. Con ello, están olvidando, en palabras de Carlos Andradas e Isabel Fernández, que “las universidades constituyen una industria con un fuerte impacto en las economías regionales y constituyen un elemento dinamizador de la vida social y cultural de su entorno”.