Delito de rebelión y Estado democrático. El encarcelamiento de los líderes políticos catalanes que impulsaron el proceso de independencia plantea problemas jurídicos de evidente interés que afectan a los propios efectos de la cláusula del Estado democrático que está recogida en el artículo 1 de la Constitución. Un abanico de cuestiones que se realza si la respuesta política del Gobierno al problema catalán está articulada esencialmente sobre el tratamiento jurídico penal de la cuestión, lo que aventura años de conflicto jurídico y, por ende, social.

El Auto de 17 de abril de 2018, por el que se desestima el recurso de Jordi Sánchez contra la denegación de permiso para presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña es un ejemplo excelente de lo que se está señalando. Un ejemplo en el que se continúa la línea de los autos anteriores en los que se decidió el encarcelamiento de parte de los líderes del procès.

En esencia, el problema es el siguiente: la interpretación que se proporcione a la cláusula de la violencia que exige el Código penal para que se pueda hablar de un delito de rebelión. Que hubo altercados en Cataluña es indiscutible, lo que hay que concretar es si pueden ser calificados de violencia a los efectos del delito de rebelión. Y no podemos olvidar, que no se trata de una cuestión pacífica, especialmente si parece que el elemento más grave es que “ ese día, pese a todas las advertencias de los Tribunales y de las autoridades gubernativas sobre la prohibición del referéndum, los protagonistas del Procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. Eso violencia no es.

Como tampoco es violencia, a los efectos del tipo del delito de rebelión, el hecho de que “con motivo de la celebración del referéndum hubo más de cien enfrentamientos entre algunos de los sujetos que fueron a votar, a sabiendas de la ilegalidad de su conducta, y los funcionarios policiales que defendían la legalidad y cumplimentaban las decisiones del Tribunal Constitucional a través de las órdenes que recibían de los jefes superiores de los cuerpos policiales. Los incidentes se saldaron con un resultado de numerosos heridos leves de un lado y de otro”. Esto podía ser sedición -si lo interpretamos de forma expansiva-, o, de forma más ajustada, desordenes públicos y delito de resistencia a la autoridad dependiendo de los momentos; pero no rebelión. La interpretación es, en mi opinión, forzada.

Pero hay un factor añadido que cuestiona sustancialmente el análisis que está haciendo el Tribunal Supremo: la presencia de los derechos fundamentales de manifestación y reunión. Si abordáramos el problema desde esta perspectiva, hacer un llamamiento de naturaleza política para concentrar ciudadanos en defensa de una determinada posición, no cabría duda que el artículo 21 daría margen más que suficiente para no entender los altercados como violencia a los efectos del derecho de rebelión. Y justamente este análisis, el de la ponderación entre el derecho fundamental y el tipo penal está ausente del auto. 

Por el contrario, la concepción que está manteniendo por el Tribunal Supremo no coincide con esta postura. Antes al contrario, responde a una posición rígida en la que se ha limitado sustancialmente el valor que tienen los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrático. Ello a pesar de que el conflicto es esencialmente político, lo cual debiera ser un elemento tenido en cuenta. 

Por ello, a mí la posición del Tribunal Supremo no me convence, ni en la catalogación del delito como rebelión ni en la adopción de las medidas cautelares que ha impuesto. De hecho, si se observa el auto, la incidencia mayor no es en el análisis de los altercados -para catalogarlos o no como violencia- sino en la descripción de algo obvio: los impulsores del procès querían la independencia de Cataluña. 

De hecho, tras la lectura del auto hay que tener una mentalidad casi de héroe para convocar una manifestación en una cuestión conflictiva como es la catalana. ¿Pasaría lo mismo con una que promoviera la sustitución de la monarquía por la república?

Que el deseo de los manifestantes de impulsar la independencia no está permitido en el ordenamiento jurídico parece claro. Que no todo elemento de alteración del orden público que surja alrededor de la independencia pueda ser catalogado como rebelión, me resulta igual de claro. 

Pero, cuando el conflicto lo tenemos entre el ejercicio de derechos fundamentales de participación política y una interpretación que amplía un tipo penal en el sentido de considerar delitos un número superior de comportamientos, resulta una consecuencia necesaria que, en nuestro ordenamiento hay que proporcionar un ponderar adecuadamente el derecho fundamental, porque constituye una esencia del sistema democrático. No quita los delitos que, en su caso, hubieran podido existir, pero hay que utilizar otros tipos penales.

La cuestión es de interpretación jurídica y de ponderación de intereses en el marco del Estado democrático. El conflicto jurídico se aventura largo dado que la hipotética condena haría que se recurriera al Tribunal Constitucional y, caso de confirmarse la resolución, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Y aquí nos podemos encontrar con un problema demorado en el tiempo: una hipotética resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria a la condena por rebelión haría ver que, acaso, no se estén cumpliendo los parámetros interpretativos del TEDH, algo a lo que, por otra parte, obliga el artículo 10.2 de la Constitución. 

¿Se imaginan ustedes el efecto político si dentro de algunos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara la sentencia por un delito de rebelión contra los dirigentes del procès?