Inadmisión de peticiones de asilo en frontera a ciudadanos sirios. Periódicamente, se encuentran noticias sobre la situación en la frontera hispano marroquí en relación con los migrantes que quieren acceder a nuestro país sin la documentación necesaria. Ya me he referido en otras ocasiones a las denominadas expulsiones en caliente y sobre la inadecuación del procedimiento de asilo para hacer frente a la crisis humanitaria que hay en la actualidad. Hoy voy a traer otra problemática más oculta, que ha salido a la luz gracias a la Recomendación del Defensor del Pueblo de 28 de febrero de 2018, relativa a la no presentación de las solicitudes de asilo por razones humanitarias, muy crítica con la actuación del Ministerio del Interior.

El problema, de nuevo, es el del abuso del procedimiento administrativo para no analizar una petición de asilo por razones humanitarias. Concretamente, se trata de peticiones presentadas en frontera que no son tomadas en consideración porque el ciudadano sirio está casado con una marroquí (sin tener residencia legal en Marruecos, con lo que no puede permanecer allí). No sólo no se toman en consideración sino que no se remiten a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que es el único competente para conocer de las peticiones extraordinarias para la permanencia en España por naturaleza humanitaria. Con ello, no hay posibilidad de que se les otorgue ni rechace el asilo.

De nuevo, la práctica del Ministerio del Interior consiste en no examinar una petición de asilo y la devolución a territorio marroquí. A diferencia de lo ocurrido en los casos de expulsiones en caliente, en esta ocasión se presentan pero no se analizan. De nuevo, es un problema de cómo está articulado el procedimiento administrativo para el conocimiento de una modalidad extraordinaria de asilo. De nuevo, es un problema de la insensibilidad ante una cuestión humanitaria lo que impide que se tome en consideración la petición. 

Nótese bien. No estoy afirmando que haya que conceder el asilo. En cada caso, se deberá tomar la decisión adecuada. Estoy hablando de la toma en consideración de la petición de asilo, para que llegue al órgano correspondiente.

De entrada, vulnera la propia regulación de la legislación general de procedimiento administrativo que obliga a que cuando una petición se presente en el sitio inadecuado, habrá de remitirse al lugar oportuno. Sería algo que está en todos los manuales de Derecho administrativo, el principio in dubio pro actione, cuya finalidad es precisamente que el procedimiento se pueda concluir.

Pero más allá de este tecnicismo, resulta inaudito que, en medio de un conflicto como el sirio, sigamos sin adoptar las medidas para la recepción de solicitudes que permitan presentar la que resulte más eficaz para la resolución del problema del migrante. Es un problema de humanidad y ética pública hacia terceros.

La existencia de una relación familiar en Marruecos o Argelia no debe ser óbice para que se puedan analizar. Tal como señala en su recomendación “el Defensor del Pueblo debe manifestar su disconformidad con las resoluciones denegatorias de las solicitudes de asilo planteadas por ciudadanos sirios por el hecho de estar casados con ciudadanas de Marruecos y Argelia, y considerar que pueden regularizar su situación en dichos países a partir de su vínculo familiar. La valoración para decidir la concesión de una autorización por razones humanitarias debe referirse al solicitante de asilo, al igual que ocurre cuando se valora si se concede o no el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria al peticionario, sin que en la instrucción del expediente se haga referencia alguna a la nacionalidad o situación de su cónyuge u otros familiares para determinar si el solicitante necesita o no protección internacional”.

Realmente, con esta práctica administrativa, España está olvidando (pese a lo que dispone el artículo 10.2 de la Constitución) el contenido de la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se resuelve el caso Hirsi Jamaa y otros v. Italia, que, recogiendo sentencias anteriores, obliga a que se proceda la identificación y al análisis individualizado de la situación de cada persona que pretende entrar irregularmente. Y esto no permite las expulsiones masivas. Dicho de otra forma, el Tribunal recuerda la plena aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas las actuaciones de control migratorio y de fronteras efectuados por las autoridades de un Estado parte de la Convención.

Por último, ¿realmente podemos considerar que Marruecos es un “tercer país seguro” en el sentido del artículo 38 de la Directiva 2013/32/UE? Tal es la posición del Ministerio, la cual no sorprende teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, las temidas Fuerzas Auxiliares Marroquíes están actuando como auténtica policía de fronteras (excluyendo los casos en los que hay alguna negociación abierta entre la Unión Europea y Marruecos).

Y no podemos olvidar, además, que, tal como señala la recomendación, “los ciudadanos sirios se quejen de que en Marruecos tienen serias dificultades para obtener la regularización y ello, a pesar de estar casados con ciudadanas marroquíes, vínculo que por otra parte puede no ser vitalicio”. No hay elementos suficientes que permitan probar esta condición de sitio seguro ya que ni siquiera se han aportado los datos sobre el régimen de regularización de ciudadanos de terceros países casados con ciudadanas marroquíes. Dicho de otro modo, parece que nos encontramos ante un acto sin prueba.

Lamentablemente, la crisis siria está poniendo en cuestión la defensa de los valores que han estado en la base de la Unión Europea desde su nacimiento. Posiblemente sea bueno recordar hoy el vergonzoso acuerdo con Turquía. Hoy lo que hace España no está alejado de aquello. 

Todo lo cual se afirma sin olvidar que posiblemente sea el momento de que la cuestión siria pase a ser un elemento central de la política europea, y que no dejemos la iniciativa en manos de Trump o Putin. No hemos sido capaces de hacerlo cuando había una crisis migratoria muy considerable, hoy que no tenemos esa presión imagino que será aún más complejo. Por lo menos, lo que sí debieran cambiar son las prácticas de la policía de fronteras. 

Recomendación del Defensor del Pueblo de 28 de febrero de 2018, sobre EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN FRONTERA. IMPARTIR INSTRUCCIONES EN FRONTERA PARA QUE SE EVALÚE DE OFICIO SI PROCEDE AUTORIZAR LA PERMANENCIA EN ESPAÑA A CIUDADANOS SIRIOS