Colaboración público privada en discusión. El Tribunal de Cuentas europeo ha vuelto a criticar la manera de planificar y ejecutar los contratos de colaboración público privada en la Unión Europea. Un informe que, a la larga, lo que hace es cuestionar que la aparente panacea que son los PPP sea un método eficaz y eficiente de acometer la construcción de infraestructuras. Y el título que lleva el Informe es ilustrativo de los problemas que se están señalando: “Asociaciones Público privadas en la Unión Europea: deficiencias generalizadas y beneficios limitados“.

En principio, la idea puede no ser vista con malos ojos. Un particular asume el coste de construir la infraestructura y el riesgo de su explotación económica, se paga en función del uso y volverá a manos publicas al final de plazo estipulado en el contrato. Pero esta es solo la teoría.

Los modelos de colaboración público privada no suelen ser operaciones simples. A partir de aquí comienzan los problemas, y, por ello, resulta imprescindible analizar muy cuidadosamente tanto el realizar una operación con esta fórmula jurídica como el articulado del contrato. La experiencia nos ha proporcionado demasiados ejemplos negativos, tanto por el coste, como por la mala calidad del servicio, por el deficiente control democrático y de ejecución e incluso por los efectos en clave de contabilidad nacional. Son los siete riesgos de los PPP a los que hice referencia en otro artículo y que conviene tener presente.

De entrada, porque no hay un estudio sobre sus ventajas para cada proyecto. Este estudio, que se denomina Public Sector Comparator, exige que se examine si la utilización de estos mecanismos aporta alguna ventaja añadida sobre lo que se podría obtener a través de su ejecución por parte del poder público a través de otros procedimientos. Con este instrumento lo que se debe extraer es el value for money que debe ser característico de los CPP. Si no se obtiene hay medios más económicos y sencillos, entre ellos el puro contrato de obras. Un dato esencial que lo que indica es que hay cierta ansiedad y poca reflexión a la hora de abordar los CPP.

En el caso de nuestro país, en segundo lugar, carecemos de un entramado institucional adecuado para la ejecución de los CPP. Un contrato de estas características precisa un conjunto de personas especialmente preparada, con experiencia en la materia, que permita extraer las consecuencias positivas de estos contratos. No nos podíamos beneficiar de cláusulas modelo, ni de orientación general ni nada parecido. El riesgo de que la Administración esté mal defendida en la planificación y gestión de los CPP es una realidad.

En tercer lugar, los CPP no integran suficientemente las mejoras tecnológicas durante su vida. De nuevo surge un problema doble: por un lado mala planificación -que permitiera integrar las ventajas del desarrollo- y, en segundo una ejecución de los proyectos en donde el papel público no estaba suficientemente protegido. De nuevo los riesgos de los PPP aparecieran, dejando en manos de los licitadores aspectos esenciales del proyecto.

No podemos olvidar un dato complementario que no está en el informe: en los proyectos a largo plazo -que constutuye una característica del modelo- hay un momento en el que el licitador deja de tener interés en el mantenimiento del mismo con el mismo nivel de calidad. La razón es bien sencilla: es posible no vaya a rentabilizar la inversión. La ausencia de unidades de seguimiento del proyecto contribuyen a que su ejecución resulte, en consecuencia, manifiestamente mejorable.

El cuarto elemento denunciado por el Tribunal de Cuentas europeo es el del sobrecoste. Un sobre coste que en los proyectos analizados superaban los 1500 millones de euros, manifestado esencialmente en “los modificados”, esa gran lacra que hay en los proyectos de obra pública y que, en muchos casos, es consecuencia de una mala adjudicación de la obra por una rebaja de propuesta que impide la ejecución de la obra de una forma adecuada (y, que, además, puede ser una vía para la corrupción). Lo que no impidió, además, los retrasos en las obras.

Además, estos sobre costes de los proyectos suelen ser asumidos por el sector público, dado que el socio privado no suele asumir los riesgos económicos de los fallos de ejecución del proyecto. En España somos especialistas en el rescate de las autopistas de peaje, en una manifestación de la mala planificación de las obras y de que el socio privado no acaba asumiendo los riesgos económicos del proyecto, que recaen en manos públicas.

En nuestro país, hay un dato llamativo: uno de los factores esenciales del recurso a los PPP es, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de Cuentas europeo, que queden fuera de la contabilidad nacional, esto es, que no computen ni para déficit ni para deuda pública. Dicho de otro modo, la ingeniera jurídico financiera sigue siendo el factor relevante en la gestión pública española, a pesar de que hay que pagar las infraestructuras. Dicho de otro modo, con ello parece legítimo plantearse si los datos de deuda pública y déficit público son reales o no.

Todo lo anterior lleva a una conclusión que se expone en las propias palabras del Tribunal: “No promover un uso intensivo y más generalizado de las APP hasta que no se aborden los problemas detectados”. Dicho de otro modo, las CPP pueden estar bien pero las Administraciones públicas europeas no están en condiciones de llevarlas a la práctica.