El Boletín Oficial del Estado de hoy recoge la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad contra parte de los preceptos de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Concretamente, señala que “el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de marzo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 739-2018, promovido por más de cincuenta Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43.ª y las disposiciones finales 9.ª, 11.ª y 12.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”

Como se ve, constituye el objeto de la impugnación la modificación de la naturaleza jurídica de las prestaciones que recibe el concesionario, que pasaron a ser “de naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario”; suponiendo una ruptura de principios tradicionales y que afecta a los principios tributarios. Con este cambio, se buscaban dos finalidades: que el concesionario cobre directamente la contraprestación de los usuarios y la haga suya. y, en segundo lugar, que se pretenda eliminar el límite del coste del servicio propio de la tasa. Es una regulación que, desde luego, puede chocar con la regulación del artículo 31 de la Constitución.

Tiene un riesgo añadido que es romper la identidad que debe existir entre la cuantía de la tasa y la cantidad que supone la prestación del servicio y con ello, reaparece un riesgo de encarecimiento de la prestación de ciertos servicios públicos.

Las Disposiciones Final 9ª, 11ª y 12ª de la Ley se refieren a modificaciones de la legislación de tasas y precios públicos, de la de haciendas locales y de la general tributaria  que están en consonancia con lo anterior; así como la Disposición Adicional 43ª.

Estos preceptos impugnados constituyen uno de los elementos más escandalosos del sesgo ideológico de la norma; sesgo que, sin embargo, no impidió a los hoy recurrentes votar a favor de la misma, a diferencia de lo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista.  Un sesgo que se observa, entre otros elementos, también en el rechazo a las enmiendas que hubo para eliminar uno de los instrumentos financieros que más ha costado al Estado en relación con las concesiones -los préstamos participativos-, y con las enmiendas que introdujeron restricciones al régimen de las remunicipalizaciones -aunque sería más correcto hablar de reinternalizaciones- de servicios públicos.

Esperemos, pues, a la resolución del Tribunal Constitucional.