Paraisos fiscales 2018 (I). La Unión Europea acaba de reducir su lista de los paraísos fiscales, escasamente un mes y medio después de su creación y a pesar de las críticas que hubo en su momento por su laxitud ya que, como señaló el informe de Oxfam al menos 35 Estados deberían haber formado parte de ella. Hoy sólo quedan 9.

El comunicado de prensa del ECOFIN de hoy explicando la decisión tomada es totalmente genérico y no cita cuáles han sido los cambios que han motivado el informe de los expertos que ha permitido tomar una decisión extraordinaria (recordemos que en principio, la lista se revisa con periodicidad anual, lo que en este caso no ha ocurrido).

En este momento ha excluido de la lista negra a los siguientes países: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. De hecho, parece que la honradez ha recorrido el mundo y, en la actualidad, solo nueve territorios están en ella, Samoa Americana, Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Como se puede apreciar, ninguno de los territorios en los que últimamente han aparecido escándalos referidos a paraísos fiscales.

Una decisión tomada sin exteriorizar los compromisos que dicen que han obtenido de los países afectados; sin señalarse, por tanto, qué ha ocurrido en los últimos dos meses para que cambie su situación en relación con la fiscalidad y con el intercambio automático de información. Recordemos que el problema esencial de los paraísos fiscales no es tanto el de la fiscalidad anormalmente baja sino el de la opacidad en las operaciones que se localizan en dichos territorios.

El grave problema que está acumulando la Unión Europea en relación con los paraísos fiscales es su falta de credibilidad.  No sólo no adopta ninguna medida para luchar contra los paraísos fiscales que tiene en su interior (Holanda, Irlanda, Malta, Luxemburgo o Chipre), no establece ninguna medida que permita articular una política fiscal común en materia de sociedades que impida los acuerdos de deslocalización de beneficios empresariales ni adopta una política consistente y constante de lucha contra estas prácticas. Que el ex Primer Ministro de Luxemburgo, el que acordó los acuerdos de elusión fiscal sea el Presidente de la Comisión europea es una penosa metáfora de lo que está ocurriendo.

La cuestión aquí es doble. Por un lado está el problema de los países que adoptan un determinado comportamiento en uso de su soberanía. Pero tenemos algo más cercano sin lo cual los paraísos fiscales no existirían: las empresas que deslocalizan beneficios están radicadas en la Unión Europea, ya sean sus filiales ya sean las entidades matriz. Una situación para la que habría que acordar medidas cualitativamente importantes: desde el conocimiento sobre los territorios en los que tienen filiales, los beneficios en función del número de trabajadores y el lugar de procedencia de los mismos.

Cuando durante la tramitación de la hoy Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público se propuso por el Grupo Socialista y el de Podemos la prohibición de contratar a las empresas que tuvieran actividades en paraísos fiscales se estaba haciendo exactamente esto: luchar con medidas indirectas frente a estas prácticas. En aquel momento no se incorporó tal medida por la correlación de fuerzas en la Comisión parlamentaria. No debemos olvidar que prácticamente todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales domiciliadas en territorios off shore.

En definitiva, hoy estamos unos pasos más lejos de reducir el impacto económico de los paraísos fiscales en nuestro territorio.