Gasto en defensa y recortes en sanidad y educación

Gasto público en defensa y recortes en sanidad y educación

Gasto público en defensa y recortes en sanidad y educación. El Tribunal Constitucional declaró el año pasado la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente; por no cumplir los presupuestos constitucionales de este tipo de norma cuando lo utilizo para un aumento de gasto público para incrementar las partidas del Ministerio de Defensa.

Aquella sentencia fue desde un punto de vista formal importante porque afectaba a dos vicios usuales del Gobierno del PP en la legislatura 2011/15: el abuso de la contabilidad y presupuestacion a la carta para “cumplir” ficticiamente con los límites de gasto público y el abuso indiscriminado del Decreto Ley como forma usual de legislar. Me voy a quedar hoy en la parte del gasto público y en la exigencia de que aparezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Durante los 4 ejercicios presupuestarios, las partidas para los programas de adquisición de armamento eran insuficientes. Más allá de la explicación que da el Gobierno en la Exposición de Motivos del Decreto Ley, era el mecanismo con el cual por un lado se aparentaba ante la opinión pública que no había un exceso de gasto en defensa (cuando había sustanciales recortes en derechos sociales) y, al mismo tiempo se cumplía aparentemente con el techo de gasto y la Comisión Europea daba el visto bueno a la tramitación presupuestaria, especialmente desde el rescate a España. La necesidad de armamento hizo que todos los años se modificara ese Presupuesto para incorporar las partidas necesarias para afrontar los Programas Especiales de Armamento. Obviamente, ese gasto computó en el déficit y es una desviación sobre lo inicialmente previsto.

En aquel caso, el importe de las cuatro anualidades supera los 4.000 millones de euros. Recordemos que los recortes en sanidad y educación de abril de 2012 fueron de 10.000 millones de euros.

La perspectiva presupuestaria no es de recibo y no sólo por incumplir los compromisos con Bruselas en partidas especialmente cuantiosas. De hecho, resulta censurable que el Tribunal Constitucional afirme en la sentencia que “la especial financiación de los programas de defensa aquí analizados -añade- puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal”. Actuar de este modo atenta contra los principios esenciales del Derecho presupuestario, en particular sobre el principio de anualidad y unidad del Presupuesto.

Al contrario. Nada lo justifica. El artículo 134.2 de la Constitución señala de forma nítida que todas las partidas han de formar parte del Presupuesto, que además ha de ser único: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual (e) incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal”.

En aquel momento el Gobierno se puso a la cabeza de la manifestación y la Ministra Dolores Cospedal dijo que nunca más ocurriría y que a partir de ahora todos los gastos en material de defensa iban a estar incluidos en la Ley de Presupuestos, como corresponde.  Era una forma de marcar distancias con Morenés, un Ministro muy poco popular. Pero duró la iniciativa  lo que tardó en concluir la intervención. La situación de incumplimiento del contenido de la Ley de presupuestos y, por ende, de la Sentencia del Tribunal Constitucional sigue siendo exactamente la misma, cuantía arriba, cuantía abajo.

En julio de 2017 ya se había superado en 1000 millones de euros la cuantía de presupuestada para todo el año. Ello por no hablar de las partidas destinadas a defensa que están ubicadas en otros lugares y que tienen un gasto importante, como los del Fondo de Contingencia, que acaba siendo el que abone el coste de las misiones de mantenimiento de La Paz en el extranjero. Continuan los programas especiales de armamento. Y las partidas dedicadas a investigación siguen sin depender del Ministerio de Defensa.

La descoordinación entre la verdad presupuestaria y la verdad del gasto público transforma a aquella en otra manifestación más de la post verdad a la que tanto nos ha acostumbrado el Partido Popular; que hurta además el debate parlamentario.  El contraste entre la reducción del  gasto social y el mantenimiento del gasto de  defensa que aparece en el Plan Presupuestario para 2018 enviado a Europa merece un debate sereno sobre las prioridades de gasto y sobre las necesidades de ingresos públicos. Recordemos que bajaremos por vez primera del 6% del PIB en sanidad y del 4% en educación.

El día en que el bosque catalán deje ver el bosque de la acción política del Gobierno se podrá discutir sobre estas y otras cuestiones.

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