Artículo 155

Cataluña: Artículo 155 extremo e ineficaz

El Presidente del Gobierno anunció ayer las medidas que iba a proponer al Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución para intentar resolver la cuestión catalana. Unas medidas que suponen una aplicación dura del precepto y cuya crítica debe huir de las expresiones altisonantes del tipo de que se ha perpetrado un golpe de Estado o algo parecido. Cuando tengamos de verdad estos problemas no sabremos como adjetivarlos. El tener que recurrir a esta medida es triste porque supone la exteriorización de que no se ha conseguido resolver un problema político. Por ello, la utilización del Derecho de excepción que recoge la propia Constitución es un motivo de tristeza constitucional y democrática.

Superado el primero momento, toca hacer un pequeño análisis. La propuesta del Gobierno que tendrá que aprobar el Senado es una medida criticable, como criticable es toda acción del Gobierno. Criticable política y jurídicamente.

Desde un punto de vista jurídico, hay un abanico de medidas que no plantean el más mínimo problema de compatibilidad con el precepto. Son las de naturaleza administrativa que entroncan precisamente dentro de las “instrucciones” que puede dar el Gobierno a la administración autonómica y la concreción de las consecuencias jurídicas en el caso de incumplimiento, algo que no creo que resultara necesario ya que se deduce de la legislación de empleo público.

Como ya señalé en otro post, no creo, sin embargo que dentro del artículo 155 se pueda ni cesar al Presidente y a su Consejo de Gobierno ni que se puedan restringir tan sustancialmente los poderes del Parlament.

Lo más grave es que se pone bajo tutela de un control previo a  la actividad legislativa del Parlamento de Cataluña, cuyas leyes tienen la misma presunción de constitucionalidad que las normas aprobadas por las Cortes Generales. Esto es, se introduce un control previo de inconstitucionalidad que no realiza el Tribunal Constitucional sino el Gobierno. Y, desde luego, no se puede eliminar la posibilidad de realizar una labor de control del Gobierno de la Comunidad autónoma, que formalmente sigue existiendo.

Rajoy ha insistido en que la autonomía catalana no se ha suspendido. Desde luego, con el escrito remitido al Senado formalmente no se ha suspendido pero leyendo las medidas, se parece mucho. Es cierto que las instituciones de autogobierno siguen existiendo pero sus poderes están tan disminuidos que desde luego no se corresponden con el mínimo que deben tener para que se puedan considerar existentes. La garantía institucional exige precisamente que tengan los mínimos poderes que son necesarios para su recognoscibilidad, lo que no ocurre si el Parlamento tiene que pedir autorización para aprobar leyes, no puede controlar a un Gobierno formalmente existente y no puede hacer ningún trámite de elección del Presidente de la Generalidad. Y un Presidente externo, como sería la situación en la que queda, resulta poco clara.

Y desde luego, la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones por parte del Presidente del Gobierno también entra dentro de lo que un observador imparcial podría considerar como suspensión de la Comunidad autónoma. El New York Times, por ejemplo.

Es una posición discutible, como casi todo de lo que puede ocurrir con la interpretación jurídica de un precepto como el 155 que quiere habilitar para cosas “pequeñas” (como lo ocurrido con Canarias) o que se quiere utilizar para limitar drásticamente los poderes de unas instituciones autonómicas que, formalmente, siguen existiendo. Es cierto que en la Constitución no están previstas medidas de suspensión de las Comunidades autónomas pero el artículo 155, en su redacción actual, no da pie a que se adopten dichas medidas. Si está mal hecho, rectifíquese en la Comisión constitucional. Pero, en todo caso, nos espera un aluvión de recursos judiciales, ante el Tribunal Constitucional unos, ante el Tribunal Supremo otros, antes de que las medidas adoptadas por Rajoy lleguen a la práctica.

Tengo mis dudas de que la medida sea eficaz políticamente, lo cual, caso de hacerse ciertos mis temores, es más grave dado que entonces el problema no estará resuelto sino todo lo contrario. La solución pasa, en el planteamiento del Gobierno, por las elecciones autonómicas del mes de enero o febrero. Pues bien, ¿ha pensado el Gobierno que ocurriría para el supuesto de que tengan un resultado similar o que, incluso, los partidos independentistas tengan mayoría absoluta de los votos emitidos? No podemos olvidar que, tradicionalmente, las personas que están en el censo electoral catalán son poco propensas a transformarse en votantes en unas elecciones autonómicas.  ¿Vamos a conseguir ahora que todos participen?

Espero que no estén cayendo en la idea que deslizó el otro día Pablo Casado de suspender a los partidos independentistas. La discrepancia es una idea central de nuestro ordenamiento jurídico, tal como recordó el la sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003 nuestro sistema constitucional no incorpora “un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”. Una idea que nos separa de otros ordenamientos jurídicos. Como señaló Miguel Presno el otro día, solo en los casos de violencia y terrorismo se puede proceder a la ilegalización de un partido, tal como ocurrió con los partidos cercanos a ETA en el País Vasco.

Lo que ocurrió ayer es la consecuencia de la inacción de la acción política del Gobierno de Rajoy en Cataluña desde la primera gran Diada reivindicativa del año 2012. Cuando se deja pasar el tiempo, cuando no se adoptan medidas para dar una respuesta política a lo que es un problema política, las consecuencias se extreman. La única respuesta que se ha proporcionado es la interposición de recursos, un instrumento válido si y solo si se acompaña de política. Algo que el Gobierno ha demostrado en estos cinco años que no ha sabido hacer, porque ha dejado que la situación se pudra. Obviamente, esta responsabilidad es inferior a la de los actores centrales del problema, que son las autoridades catalanas que han participado en ellas.

El problema que tiene planteado España en la actualidad es el del modelo de país y de convivencia que queremos. El auge del independentismo, que no creo que reúna los requisitos numéricos para llegar a la independencia si se celebrara un referendum con todas las garantías, no se soluciona parando el golpe en el corto plazo, que es lo que pretende el Gobierno. Es un error mayúsculo. Lo que hay que buscar es una solución que nos permita tener una convivencia democrática y en paz en donde se aborden problemas más cotidianos, como analizar, criticar y discutir políticamente las consecuencias de los recortes que propone el Partido Popular en el programa presupuestario remitido a Bruselas. Y para ello, tengo la sensación de que éste no es el camino.