Reforma constitucional

Reforma constitucional (I): Mejoras democráticas pendientes

Reforma constitucional (I): Mejoras democráticas pendientes. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde la II República. Un día relevante que se vivió con emoción ciudadana y que permitió abrir un proceso que culminó con la Constitución, aprobada un año después, y con un un periodo de prosperidad. El juicio de estos 40 años no puede ser más que positivo.

Lo anterior no quita para que, 40 años después, resulte conveniente pensar en aquellos elementos de nuestro sistema político en los que hay que habría que aplicar reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Modificar el voto no presencial

Posiblemente la carencia más grande que exista en nuestro sistema electoral es el relativo al voto no presencial, en particular el de las personas que se encuentran fuera de España. El sistema de voto rogado, con un doble intercambio de correo entre España y el país en el que se encuentre la persona desplazada transforma en prácticamente imposible que el voto pueda llegar a tiempo al colegio electoral en el que hubiera votado en España.

Es cierto que los cambios se hicieron para evitar ciertos riesgos de manipulación de voto. Pero la solución ha resultado mucho peor. Por ello, habría que modificar las reglas para que el trasiego de sobres no impida el ejercicio del voto. Pese a las malas experiencias estadounidenses ¿no podría ser adecuado introducir aquí el voto electrónico?

A ello se añade un factor complementario. ¿Es realmente razonable que el voto de todos los que se encuentran en el extranjero compute en su lugar originario? ¿No sería más apropiado crear una nueva circunscripción electoral para computar estos votos, que les haga una representación real y que, al mismo tiempo, adapten el programa a sus peculiaridades? Además de estos elementos, permitiría facilitar el voto.

 

Cambiar las reglas de control del Gobierno

Cuando se analiza el funcionamiento del Parlamento y se profundiza en algunos aspectos del control del Gobierno se aprecia un problema fundamental: a la larga, es el propio partido que sostiene al Gobierno el que decide cuándo se puede producir tanto la comparecencia de un miembro del Gobierno o la creación de una comisión de investigación.

La razón de este problema deriva del artículo 39.4 del Reglamento del Congreso, que determina cuál es el voto en la Junta de Portavoces, que es el órgano encargado de aprobar estos mecanismos de control del Gobierno. “las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado”.

Dicho de otro modo, es la mayoría que sostiene al Gobierno la que decide cuándo se le controla. Los datos de la legislatura 2011/15, la de la mayoría absoluta del PP son esclarecedores del problema: los Ministros comparecen en general un 25% de las veces que se solicita por los parlamentarios y que hubo alguno que lo hizo sólo en el 6% de las ocasiones en que se le requirió.

La solución que parece más razonable es la que está en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Federal de Alemania que exige la apertura de una Comisión de investigación siempre que lo solicite un 25% de los miembros del Bundestag. Es una regla automática que se debería extender, asimismo, a las peticiones de comparecencias de los miembros del Gobierno.

 

Articular un mecanismo que mejore las consultas ciudadanas

Los mecanismos de participación directa de la ciudadanía siguen sometidos a un régimen que lo restringe sustancialmente. Un régimen que tiene su impulso en el propio Gobierno y que dificulta encontrar un canal de comunicación con la ciudadanía para que sus inquietudes puedan ser objeto de votación popular con todas las garantías que requiere un Estado democrático. Posiblemente por ello, sólo en tres ocasiones en estos 40 años ha habido referenda: en el momento de la aprobación de la Constitución, el de la permanencia en la OTAN y el del Tratado Constitucional Europeo.

Incluso en cuestiones meramente locales, es precisa la autorización del Gobierno, por una interpretación restrictiva de la letra constitucional.

La opción pasa por imitar lo que se hace en los EE.UU. Allí existe un procedimiento en el cual cualquiera puede solicitar la apertura de un proceso para decidir si se vota . Una vez se realiza la propuesta, se abre un periodo público en el cual puede recibir apoyos para que se someta a votación popular. Si se llega a un determinado porcentaje del censo electoral, existe obligación de abrir una consulta que coincide con otras elecciones, para impulsar la participación.

Esto hace que, por un lado, haya posibilidad de abrir consultas locales, estatales y federales. Y, al mismo tiempo, que no haya cuestiones vetadas. En los últimos años entró la consulta a la independencia de California o Texas (que no recibieron suficiente apoyo popular) o la legalización de la marihuana. Cuestiones todas ellas controvertidas y que, con posterioridad, abrirán paso al cómo se llevan a la práctica dichas medidas.

 

Impulsar las peticiones ciudadanas ante el Parlamento

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo es una de las que más actividad ha desempeñado en los últimos años y que ha permitido destapar algunos asuntos de interés público que se encontraban opacos. El Informe sobre la situación del litoral español es una buena prueba de lo que se está señalado.

El Parlamento español dispone de una Comisión de Peticiones, la que dirige el ex Ministro Fernández Díaz. Una comisión mortecina, a la cual es complicado acceder y que, por tanto, no tiene la relevancia que sería adecuada. Un problema que dificulta la presencia de peticiones ciudadanas.

Al mismo tiempo, el régimen de la presentación de Iniciativas Legislativas Populares tiene numerosas carencias. No es sólo el número de firmas que es preciso contar para su admisión a debate sino que, ni siquiera hay un representante de la plataforma que la suscribe para defender su admisión a tramite.

 

Mejorar la ponderación entre votos y votantes en el Congreso

El quinto aspecto que requeriría un cambio sustancial es la forma de elección de diputados. No es, sin embargo, la regla D’Hont el problema sustancial que dificulta una ponderación adecuada entre votos y votantes sino las circunscripciones que son pequeñas. Por otra parte, el número de escaños en España no es especialmente alto, 350, a pesar de que la Constitución permite llegar a 400.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, la circunscripción electoral básica es la provincia; que tendrá como mínimo un escaño. Este dato, que resulta conveniente para garantizar la representación de todo el territorio, acaba siendo un problema cuando se sobre representa por la existencia de un segundo diputado obligatorio; tal como lo recoge la Ley electoral. La consecuencia de lo anterior es que entre Guadalajara y Barcelona, hay una diferencia de casi 1 a 4 en el número de votos que hace falta para la obtención de escaños.

A ello convendría añadir un segundo elemento: recoger todos los votos que no han obtenido escaño por la aplicación de la regla D’Hont y distribuirlo de forma conjunta en una lista de cincuenta diputados de escala nacional. Sería una forma de que se reduzca de forma sustancial la desproporción entre votos y votantes y permita una composición del Parlamento más adecuada con la opinión de los electores a la hora de ir a votar.

 

Cambiar el sistema de elección de senadores

Las reglas sobre el Senado tienen dos problemas: por un lado, que todas la provincias tienen el mismo número de senadores, 4. Da igual la población, con lo cual en aquellas circunscripciones con mayor población, la representatividad es mucho menor de lo que resultaría conveniente.

Pero el problema mayor es el del sistema de elección de senadores. Como es conocido es por voto directo, de tal manera que cada uno de nosotros marcamos las tres cruces con las que nos identificamos más. Pero, al mismo tiempo, la sociología electoral nos permite saber que hay una mayoría de votantes que eligen senadores del mismo partido.

Dicho de otro modo, nos encontramos ante la paradoja de que el partido mayoritario obtiene siempre el 75% de los escaños en el Senado. Planteadas las cosas en las últimas elecciones, el PP tiene mayoría absoluta habiendo obtenido sólo el 30% de los votos, aproximadamente.

En este caso, y como factor previo para transformarlo en una cámara de representación territorial, sería conveniente introducir un mecanismo de votación en el que la circunscripción fuera la Comunidad autónoma y la forma de selección de senadores sea de carácter proporcional.

 

Estos son algunos aspectos que podrían modificar para mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Acaso ahora que se cumplen 40 años acaso es un momento para una reflexión serena.