El Tribunal Constitucional anuló ayer la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Rajoy en 2012. Una solución que era justa tanto por la forma utilizada -el Real Decreto Ley- como por los efectos tan perniciosos que tuvo sobre la equidad del sistema fiscal. Sirvió, además, para que personas con comportamientos vinculados a corrupción se adhirieran a ella.

Que no había circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -presupuesto Del Real Decreto Ley- parece claro. Fue uno más de los aprobados por Rajoy para eludir el debate parlamentario de la Ley sin base suficiente.

Además, da una pauta pro futuro: la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular. (El resaltado es mío).

Pero, de forma casi apodiptica, el Tribunal no justifica que los efectos de la sentencia no supongan la anulación de las declaraciones tributarias. Mera “seguridad jurídica”. Cuando se adoptó en 1987 una solución similar en relación con la tributación conjunta del IRPF era clara la dificultad que planteaba. Aquí no.

Se trata de a) una situación de ilegalidad en el origen, frente a la apariencia de legalidad de otras circunstancias . b) una situación acotada en cuanto al número de personas. 

Con lo que se ha decidido, no se alcanza a ver en que circunstancias se aplicarán todas las consecuencias de la nulidad de un acto. Se incita a un comportamiento ilegítimo que manda un mensaje muy negativo a los que contribuimos con el pago de impuestos. Y se contradicen los requisitos que para supuestos similares ha indicado la jurisprudencia europea; especialmente el deber de motivación de todos los elementos de la sentencia. No hay razón que justifica la decisión, sobre todo porque un principio tan laxo como la seguridad jurídica que contradictorio con el principio de Justicia, equidad e igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas requiere mucha motivación. Justo la que no está aquí.