Sentencia europea de interinos: dos nuevas consecuencias

Sentencia europea de interinos: dos nuevas consecuencias

Sentencia europea de interinos: dos nuevas consecuencias. Las sentencias europeas sobre los interinos están alterando el régimen tradicional del empleo público en España, en la medida en que están creando nuevos derechos allá donde no existían. Derechos que afectan a la permanencia como empleados públicos y a los derechos en los casos de despidos. Son aspectos a los que ya me referí en otra ocasión.  Ahora quiero traer al blog dos nuevas consecuencias, una en forma de Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, otra en la de sentencia del Tribunal Supremo.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy intenta limitar los efectos de la sentencia Diego Porras a través de la Disposición Adicional 35ª, titulada “Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral” y cuyo párrafo segundo tiene la siguiente redacción:

“Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”.

Esto es, por un lado, intenta que todas aquellas situaciones que pudieran dar lugar a la consideración indefinido no fijo se eliminen. Se supone que esto supone el despido del trabajador y que la prestación pública deje de realizarse. En todo caso, la disposición obvia que el derecho del trabajador es preexistente y que el eventual despido sería contrario a derecho. Una regulación que me parece tan escandalosa como la situación de hecho que dio lugar a la sentencia de 14 de septiembre de 2016 y que este precepto quiere limitar.

Efectivamente, al mismo tiempo exige una sentencia judicial para la transformación del trabajador, con una doble consecuencia: le impone la carga de ir a los Tribunales a pesar de que la doctrina europea es muy clara y, por otra parte, asume los riesgos de una condena en costas y de unos hipotéticos pagos de intereses en los casos en los que obtuviera una sentencia favorable. Y, desde luego, impone una carga para mejorar la calidad en el empleo del personal temporal, que nunca serán absolutas debido a los principios constitucionales de acceso al empleo público.

Una regulación que es grave para un número considerable de trabajadores: Nótese que el 15% de los empleados públicos son interinos (oscilando entre el 25% en las Comunidades Autónomas y el 5% en Universidades públicas).

La segunda consecuencia que se quiere traer hoy a colación es el reconocimiento que hace la STS de 28 de marzo de 2017 (Recurso 1644/2015, Ponente López García de la Serrana), de los derechos de indemnización por despido y que aplica la sentencia europea del Asunto C-596/14. Una sentencia que reconoce la imposibilidad de que, en el marco del empleo público, se proceda a la transformación de la relación en una estable, por vulnerar las reglas constitucionales sobre el mérito y la capacidad. Pero, al mismo tiempo, determina con precisión cuál es la indemnización por despido.

Por un lado, debido a la falta de regulación legal de la figura del indefinido no fijo en el Estatuto Básico del Empleado Público, se concretan dos reglas: En primer lugar, como regla general “parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo”. La sentencia es peculiar por no recurrir a la tesis del TJUE del caso Diego Porras.

Fruto de lo anterior, “la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el EBEP se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales – en este caso, el régimen extintivo- obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los apartados c ) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato”.

En esta materia se debe leer el artículo que está publicado en el blog de Antonio Baylos “¿Qué deben hacer los jueces españoles tras la sentencia del TJUE en materia de contratación temporal? Lo explica Joaquín Pérez Rey”.

En el blog de Ignasi Beltrán se puede encontrar puesta al día toda la jurisprudencia habida aplicando el caso Diego Porras.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *