Credibilidad de Ciudadanos

La credibilidad de Ciudadanos

Credibilidad de Ciudadanos. Posiblemente Ciudadanos se encuentre en un momento crítico. Es cuando ha de demostrar si realmente vino a ser un partido que contribuyera a la regeneración de la política o si, por el contrario, la política se lo ha merendado y hoy no es más que la marca banca del PP. Es el momento de su definición  aunque sus problemas nacieron en el verano, cuando por un presunto sentido de Estado apoyó la investidura de Rajoy. Apoyo que reiteró meses después y que mantiene hoy.

En principio, cuando planteó 6+1 condiciones al PP se dijo que era para aunar sentido de la responsabilidad al tiempo que regeneraba la política. Recordemos aquel pacto y veamos que es más falso que otra cosa.

De las seis condiciones, había tres requerimientos para los que no hace falta la aceptación del PP

Posiblemente lo que más puede llamar la atención sea la creación de una Comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP y Barcenas. Curioso que Ciudadanos esté sosteniendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de donde salió Púnica y Gurtel y ahora pida una comisión de investigación. Acaso haya que crearla en la Asamblea de Madrid. En todo caso ¿es una condición para Rajoy? Seamos serios: los 188 diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos la podian constituir en la próxima reunión de la Junta de Portavoces y de hecho se constituyó sin el acuerdo del PP.

Lo anterior no puede hacer olvidar un dato: Ciudadanos apoya a un partido procesado por corrupción.. Resulta totalmente contradictorio. Y más si recordamos que Rajoy aparece como perceptor de los sobres de Barcenas. ¿O es que se olvidó del intercambio dialéctico que mantuvieron ambos sobre la corrupción en el debate electoral?

Como apariencia de lucha contra la corrupción, plantea la expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción política. Imputación (hoy investigado) es menos que el estado procesal del PP: procesado. Mas aun, la corrupción política no es un tipo penal, son un conjunto variado de supuestos que coloquialmente son identificables como corrupción. ¿No podía concretarlo?

Eso sí, no importa pactar con un partido procesado por destruir pruebas en un procedimiento por borrado de pruebas sobre corrupción.

Y tampoco hace falta el concurso del PP para cumplir con la siguiente condición: Acabar con los indultos por corrupción política. Para ello no habría más que modificar la regulación actual.

De los seis requerimientos, hay tres requerimientos que no dependen del PP.

En primer lugar, aprobar una nueva ley electoral (desbloqueo de listas, fin del voto rogado en el extranjero y modificación del peso relativo de cada voto en el reparto de escaños. De acuerdo en el voto rogado, ahí puede haber consenso.

Pero ¿se ha dado cuenta de que el peso relativo del voto -que es lo que preocupa a Ciudadanos- es esencialmente un problema constitucional? No podemos olvidar que el reparto de parlamentarios en Senado está en la Constitución y permite que el PP tenga mayoría absoluta con el 30% de votos. Recordemos que las reglas de designación de senadores recogidas en el artículo 69 de la Constitución sólo señala el número: habrá 4 en cada provincia -con independencia de la población- a los que habrá que añadir los de los territorios insulares y Ceuta y Melilla de la siguiente forma: en Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, 3; en Ceuta y Melilla, 2; y en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, 1 senador. Todos ellas como reglas directamente aplicables con independencia de su

En el Congreso hay más margen aunque requiere mayoría absoluta de la cámara (por ser Ley Orgánica), para lo cual no hace falta el acuerdo con el PP -188 diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos se bastan-, aunque toda reforma electoral requiera consenso. Contrariamente a lo que suele indicarse, los problemas de proporcionalidad en la distribución de diputados no provienen de la Ley d’Hont, que es el procedimiento que se recoge en la Ley electoral vigente, sino de las circunscripciones provinciales -que están en el artículo 68 de la Constitución- y del número mínimo de diputados por provincia, 2.

El segundo es la supresión de aforamientos. Convendría que recordará que está en el artículo 71 de la Constitución. De nuevo hay que negociarlo con todos.

El tercero también requiere reforma constitucional: Limitar los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislaturas. Es una limitación que hoy no se contempla y que habría que introducirla en el texto constitucional, con el acuerdo de más de 175 diputados. Es curioso que se plantee como requisito cuando Rajoy cumpliría su segundo mandato. Y es extraña la insistencia en este punto: sólo Felipe González estuvo más de ocho años.

El resultado es conocido: “Aunque no nos gusta el actual Gobierno ni creemos que Mariano Rajoy sea la persona adecuada para liderar una nueva etapa, es imprescindible que la legislatura y el país se pongan en marcha, atendiendo al resultado electoral del 26J”. Albert Rivera en EL PAÍS. Más cúmulo de incoherencias es complicado. No quiero al PP en el Gobierno pero digo sí. He acusado de corrupción a Rajoy y digo sí a su investidura. Podríamos añadir la corrupción del PP y la aparente regeneración que quiere Ciudadanos.

Hoy se ha demostrado que el PP las aceptó sabiendo que las iba a incumplir. Rivera, sin embargo, no ha señalado que se vaya a romper el pacto. Solo escenifica que no quiere perder votaciones haciendo un puro ejercicio de funambulismo que resulta ser puro patetismo. Pero cuando hay que votar el Impuesto al Sol, vota con el PP.

El acuerdo de Gobierno que se firmó después está repleto de cláusulas genéricas del tipo de revisar, impulsar, promover… que no quieren decir casi nada sobre su contenido. También se abusa de la creación de comisiones y del recurso al pacto. Hay que darse cuenta de que usualmente hay diversas vías para conseguir un resultado y que los valores que están detrás de cada una de ellas refleja que coste socioeconómico tienen.

Murcia. Un Presidente del PP investigado Pedro Antonio Sánchez, acusado de delitos de corrupción en su época de Alcalde, a los que se han leído los derechos (por recoger lo que se ha ido diciendo en prensa). Ciudadanos tiene en su mano que deje de ser Presidente. Hasta ahora su respuesta es la callada o la evasiva.

Y ahora viene la cuestión central: la aprobación de los presupuestos para 2017, los de los recortes de 10.000 millones de euros. 10.000 millones que se añaden a todos los de la legislatura de la mayoría absoluta del PP. Esos que produjeron un empobrecimiento generalizado del país. Ese es el problema. Y a ese problema la investidura de Rajoy no da respuesta. Aquí, y en Murcia, tiene la oportunidad de recuperar algo de credibilidad…

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