sentencia europea sobre los interinos

Sentencia europea sobre los interinos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tomó durante el otoño diversas decisiones que afectan al personal interino.

El primer caso está constituido por la decisión en la cuestión prejudicial relativa a la extensión del derecho a transformarse en trabajador fijo si se trata de funcionarios interinos. Como es conocido, en una sentencia anterior se extendía el derecho al personal laboral de las Administraciones Públicas.

El problema de las interinidades es antiguo. Como se puede ver, ya en el momento de redactar el EBEP se censuraba el abuso de las interinidades tanto por la situación de precariedad que comporta, como por el perjuicio al interés general, manifestado en que una plaza no está cubierta por alguien que reúna los requisitos constitucionales de mérito y capacidad. De hecho, se bloquea el acceso en condiciones de igualdad al empleo público.

La decisión del Tribunal europeo no deja lugar a dudas: Es ilegal que una norma nacional  “sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo, a menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez nacional comprobar”. O dicho de otro modo, que la sucesión de nombramientos como interinos de la misma persona, habiendo plazas vacantes, es contrario a la norma europea.

Ciertamente, puede ser una revolución en el marco de la función pública española. Nótese que el 15% de los empleados públicos son interinos (oscilando entre el 25% en las Comunidades Autónomas y el 5% en Universidades públicas). Estos datos se traducen en que se encuentran como personal interino aproximadamente 107.000 hombres y 275.000 mujeres: una desigualdad manifiesta de género.

Nótese que la situación en la que se dan sucesivos nombramiento de interinidad existiendo plazas vacantes no es legal. La norma ha impuesto la obligación de incluirlas en la siguiente oferta de empleo público, con poco éxito. Se puede valorar la anualidad en que se debe hacer pero es indudable la obligación y la consecuencia de que no se haga: “las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización”.

No solo es que resulte ilegal, es que las tasas de reposición cero que impuso Rajoy desde 2012 impulsaron la utilización de esta figura del interino como la forma de incorporar un personal imprescindible para el desarrollo de la actividad pública. Una situación que en el ámbito universitario público tiene la indefinible situación de “contratados laborales interinos”, también impulsados para contrarrestar la imposibilidad de hacerlos fijos. Como se puede ver la inestabilidad laboral resulta indiferente.

De hecho, desde la sentencia Mascolo era conocido que no era algo admisible: “aunque las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas que éste desea adoptar, no pueden justificar un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la falta de medidas de prevención de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, punto 1 del Acuerdo Marco”, que figura como anexo en la Directiva 99/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada; la norma que es la base de estas decisiones de la Unión Europea.

Ahora bien, ¿que efectos puede tener la sentencia europea? No son fáciles y políticamente pueden ser de importancia.

De entrada impulsará las demandas de personas que están en estas condiciones. ¿Se les podría incorporar directamente como funcionarios de carrera? Complicado se me dirá si vemos la legislación: si se hace sin cumplir con las condiciones de acceso se alteraría este régimen que sirve de salvaguarda al mérito y la capacidad (y las expectativas de los que aspiran a esas plazas). La consolidación del empleo temporal está limitado en el EBEP y exigiría siempre el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Aunque es la solución que el Tribunal europeo fija como más conforme con el Derecho europeo y por tanto hay que fijar como horizonte.

Dejarles en la calle no es razonable ( ni sería legal) teniendo en cuenta los años en que el PP ha impedido la convocatoria de oposiciones. Por ello, habría que buscar el mecanismo para la incorporación de los efectos de la sentencia. En principio, la equiparación sería a la condición de indefinido no fijo, que es a la figura de la legislación laboral a la que se remite la sentencia. El carácter indefinido del contrato se muestra en el hecho de que las causas de cese se refieren a la supresión del puesto de trabajo -cuya eliminación es susceptible de análisis de razonabilidad- y a que se cubra mediante un procedimiento de los recogidos en la legislación pública para funcionarios. El riesgo está ahí, riesgo que en el fondo es similar al que tiene en la actualidad. Dependiendo de cuál sea la situación originaria el cambio puede ser extremadamente positivo para el empleado público. Lo que se cambia, en todo caso,  es la situación de la indemnización por despido, ya que se proporciona un plus del que ahora se carecía.

En segundo lugar, debería eliminar las limitaciones a la incorporación de nuevos funcionarios; que están en las ofertas de empleo público aprobadas desde 2011 por Rajoy, que recordemos que rigen para todos los entes públicos.

En tercer lugar, debiera impulsar una modificación en la gestión de recursos humanos para impedir las plazas vacantes cubiertas con interinidades, como ocurre anualmente, por ejemplo en el sector educativo.

El segundo supuesto afecta a la cuestión de las indemnizaciones; en el cual la sentencia clave es la del Asunto C-596/14. En la Directiva europea se contempla la igualdad en las condiciones de trabajo entre indefinidos y temporales, lo que se deberá aplicar en todas las situaciones en las que se realice un trabajo equivalente. Dentro de esas condiciones uno de los elementos esenciales es el de la posible indemnización por finalización del contrato.

Si hay causas objetivas, como son las relativas a las del plazo de la contratación, la indemnización de 20 días por año trabajado se ha de aplicar al personal interino que no tiene ningún elemento que justifique un trato diferenciado. Y menos aún por el hecho de trabajar para las Administraciones Públicas. O dicho de otro modo, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia, el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se contempla la ausencia de indemnización en los contratos de interinidad, es contrario a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

De las sentencias dictadas es la que tiene más repercusión ya que considera el derecho del trabajador con contrato de interinidad a recibir una indemnización por finalización del contrato como la que corresponde al trabajador fijo cuando le despiden. Y por tanto, serán muchos los interinos que se quieran acoger a esta doctrina.

Debe consultarse, además, el comentario del blog de Antonio Baylos.